Cuando Cynthia Soto González tuvo a su tercera hija, no hubo complicaciones en el parto, pero en horas, notó un tono amarillento en la piel de la bebé, un indicio de niveles altos de bilirrubina. Recordó que una enfermera la intentó consolar con que “iba a ser trigueñita” y los médicos reiteraban que “todo está bien”, por lo que no realizaron pruebas a la recién nacida.
A los dos días, la pequeña fue dada de alta, pero la madre la llevó de vuelta al hospital al día siguiente porque percibió que la orina de la bebé tenía una textura gelatinosa y color anaranjado, más indicadores de complicaciones con el hígado. En esa visita, le hicieron un estudio que reveló un nivel de bilirrubina de 39 miligramos por decilitro (mg/dL), cuando lo usual en recién nacidos es menos de 10 mg/dL.
La bebé, quien nació en 2016 y hoy tiene 9 años, recibió el diagnóstico de kernicterus, o encefalopatía bilirrubínica, y parálisis cerebral. Al pasar los años, fue sometida a una gastrostomía para poder alimentarla y actualmente recibe inyecciones de Botox cada tres meses para atender la elasticidad de su cuerpo —un síntoma de kernicterus. Además, usa al menos siete pañales al día, según descripciones en documentos legales.
“Es algo que te cambia la vida. Me da coraje porque pudieron haberlo hecho (las pruebas), pero por culpa de esa negligencia, de ese descuido y de darme información falsa de que los niveles estaban bien, cuando realmente no habían hecho ningún tipo de laboratorio, no tiene una vida normal”, compartió en llamada con Metro Puerto Rico, mientras esperaba en Centro Médico para una cita médica de su hija.
La denuncia se compartió, junto a los reclamos de más personas perjudicadas por negligencia médica, a través de la plataforma Pro-Pacientes Puerto Rico, una red recién creada para compartir estas historias y combatir la aprobación de dos proyectos legislativos que podrían impedir que pacientes reciban compensación justa por daños o negligencias médicas.
Los proyectos del Senado 43 y 56, ambos de la autoría del presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, proponen, respectivamente, reducir la responsabilidad que asumen los hospitales en casos de negligencia y que, en daños ocasionados por más de una persona, la culpa sea individual por el daño cometido, en vez de compartida.
El licenciado Ariel Caro Pérez, con más de 30 años de experiencia en litigios de daños y perjuicios, puntualizó que las enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico, efectivo desde 2020, representarían un “retroceso de 40 o 50 años en el estado de derecho”.
El Proyecto del Senado 43 busca que, en casos de negligencia, los hospitales solo se responsabilicen por daños causados por una “franquicia médica” —Caro Pérez lo definió como un grupo de médicos que tiene un contrato de exclusividad para ofrecer servicios— o a pacientes que ingresaron a la institución sin referido médico, típicamente a través de la sala de emergencias.
La medida establece que la responsabilidad es “altamente onerosa y socialmente imprudente” porque la institución responde por el personal médico, aunque no haya prueba de negligencia de su parte. Pero el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana refutó que los hospitales participan “sustancialmente” en la práctica médica, puesto que ofrecen el cuidado médico completo.
“Los hospitales están pretendiendo volver a hace 50 años, de echarle la culpa a los médicos. [...] Están tratando de evadir responsabilidad y eso no puede ser porque lo que busca [el proyecto] es que el más poderoso resulte con menos responsabilidad”, sentenció el expresidente de la Comisión de Responsabilidad Médica y de Salud del Colegio de Abogados.
El Colegio de Médicos Cirujanos, a través de una ponencia sometida al Senado para una vista pública en abril, también se opuso porque constituye un “riesgo legal, costos más altos de seguros y condiciones de trabajo más restrictivas”. Según el Código de Seguros de Puerto Rico, un profesional de salud debe tener pólizas de hasta $300,000, mientras que las de los hospitales pueden alcanzar $1,000,000.
Pese a la oposición de Caro Pérez, quien representó al Colegio de Abogados en la vista, y demás gremios, la medida fue aprobada, con una mayoría de 19 votos a favor, todos del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad. Solo seis senadores de los partidos de minoría o independientes se opusieron, dos estuvieron ausentes y una se abstuvo. Esta última fue la senadora Roxanna Soto Aguilú, quien presidió la comisión que celebró la vista.
La legisladora sometió un voto explicativo en el que reconoció que la enmienda propuesta vulnerabiliza a pacientes que tendrían que probar tanto el daño como la culpabilidad del hospital y contraviene con el Código Civil que “buscaba facilitar el acceso a la justicia”.
La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) y la de Hospitales, cuyo presidente, Jaime Plá Cortés, no estuvo disponible para entrevista, avalaron el proyecto, argumentando que promueve un modelo “más justo” cuando se atribuye la culpa. Ambas organizaciones plantearon, en declaraciones escritas, que los hospitales no se eximen, sino que la medida les permite actuar con el cuidado requerido.
Cada parte responde por su negligencia
Por otra parte, de convertirse en ley el Proyecto del Senado 56, si un perjudicado decide demandar por negligencia médica, debe hacerlo a cada profesional de salud por el daño específico que ocasionó, en lugar de aplicar el concepto de solidaridad. Según este principio legal, que data siglos en la sociedad civil, aunque se determine cuán culpable fue cada parte, el daño les corresponde a todos.
Pero determinar quién causó qué y la extensión de ese daño es lo complejo, planteó Caro Pérez, así como un artículo del 2009 de la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que analizó una propuesta legislativa parecida que se sometió en esa década. La mayor controversia cuando se utiliza la solidaridad, según la pieza editorial, es cuando una parte demandada —la que tiene más dinero, como hospitales— paga de más, aunque no sea completamente responsable.
Si bien existe un método para recuperar ese dinero, llamado nivelación, los hospitales no suelen aplicarlo contra su personal médico porque pueden optar por abandonar su posición, mencionó Caro Pérez. Esta medida entonces propone que la mayor parte de la responsabilidad, y por consecuencia, la compensación, recaiga en el médico, que potencialmente tenga que pagar por encima de su cubierta del seguro por negligencia.
Por su parte, la licenciada especializada en temas de negligencia Glenda Labadie Jackson también repudió el Proyecto del Senado 56 y el uso “fuera de contexto” de una cita suya para justificar el proyecto.
“De aprobarse el proyecto legislativo en cuestión, se eliminaría otro derecho más que los ciudadanos y ciudadanas hemos ido perdiendo. Lo peor es que este tipo de proyecto no hace sino que conferirles aún más poder y protección a las compañías aseguradoras”, declaró por escrito.
La Acodese respaldó esta medida, al igual que Hospitales y la Oficina del Comisionado de Seguros, al plantear que “logra un justo balance de intereses” entre el agraviado y el causante. Mientras, en sesión legislativa, contrario al Proyecto del Senado 43, Soto Aguilú y el senador independiente Eliezer Molina Pérez votaron a favor de la medida.
Soto González radicó una demanda federal contra el hospital, doctores y enfermeras que intervinieron con su bebé alegando que, debido a negligencia, su hija sufrió un daño permanente. Las partes llegaron a un acuerdo de carácter confidencial.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.