Un proyecto dirigido a atender el problema de vehículos abandonados en los aeropuertos, puertos marítimos y demás terminales de transporte de la Isla fue presentado este miércoles.
El autor de la medida, el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, explicó en declaraciones escritas que la propuesta establece un marco legal para atender de forma ágil y segura situaciones que hoy afectan la seguridad operacional, el orden y la continuidad de servicios esenciales en estas instalaciones estratégicas.
“Lo que hallamos en la investigación que hicimos bajo la Resolución del Senado 237 confirmó que los terminales de transporte enfrentan una acumulación significativa de vehículos abandonados que representan riesgos reales para la seguridad y la eficiencia de operaciones que mueven miles de pasajeros y mercancía diariamente”, afirmó Sánchez Álvarez.
Y añadió: “Esta medida es el resultado directo de ese proceso investigativo y atiende con precisión las necesidades de estos espacios tan críticos para Puerto Rico”.
El Proyecto del Senado 855 enmienda la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para crear y definir las nuevas figuras de Agente del Orden Público por Autoridad Delegada, Operador de Terminal de Transporte y Terminal de Transporte, establecer un procedimiento expedito para manejo, depósito, notificación y eventual disposición de estos vehículos, respetando el debido proceso mediante notificación posterior al dueño y derecho a impugnación y delegar facultades a operadores de terminales y a agentes autorizados para manejar, custodiar y disponer de vehículos, reduciendo la carga operacional actualmente asumida exclusivamente por la Policía y los municipios.
El senador destacó que la normativa vigente no responde a las realidades operacionales de estas instalaciones, que requieren acción inmediata para proteger la seguridad pública.
“Cada vehículo abandonado en un terminal puede convertirse en una amenaza: obstruye operaciones, afecta la percepción de seguridad y hasta puede servir para fines delictivos. El Estado tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y esta medida provee las herramientas para lograrlo sin dejar de proteger los derechos del ciudadano”, puntualizó.
La investigación realizada evidenció que los operadores —tanto públicos como privados— han identificado este problema como uno de los principales retos para garantizar el flujo eficiente de pasajeros y mercancía en los aeropuertos y puertos de la Isla.
“El Proyecto del Senado 855 es parte de nuestro compromiso con la seguridad operacional, la movilidad y la infraestructura crítica de Puerto Rico. Esta legislación asegura que nuestros terminales estén protegidos, organizados y operando sin interrupciones innecesarias”, añadió Sánchez Álvarez.