El Senado de Puerto Rico remitió el martes, el proyecto de ley que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141‑2019) a un comité de conferencia luego de que la Cámara de Representantes aprobara su versión con enmiendas.
El proyecto había sido aprobado por el Senado el 14 de octubre sin celebrar vistas públicas. La Cámara realizó una vista pública el 12 de noviembre, en la que participaron agencias como el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General, y organizaciones como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el Overseas Press Club y la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) expresaron oposición a la medida.
La ACLU advirtió que el PS 63 representa un retroceso en el derecho constitucional de acceso a la información pública. Su directora ejecutiva, Annette Martínez Orabona, afirmó que la gestión gubernamental debe regirse por el principio de máxima divulgación y que “cuestionar e investigar la gestión pública puede ser incómodo, pero esa incomodidad no puede servir de justificación para limitar el derecho a saber”.
La organización denunció que el proyecto duplica los plazos de respuesta de las agencias y añade requisitos burocráticos que “convierten el derecho de acceso en un trámite inefectivo”, según la abogada Lolimar Escudero Rodríguez.
Además, alertó que las enmiendas propuestas imponen barreras técnicas, eliminan protecciones a los solicitantes y restringen la radicación de recursos judiciales al área metropolitana, lo que debilita la transparencia y obstaculiza la fiscalización ciudadana.
El 13 de noviembre, la Cámara aprobó la medida por descargue en los últimos minutos de la sesión, con 29 votos a favor y 24 en contra. Debido a que las versiones del Senado y la Cámara no coinciden, la medida regresó al Senado y se envió a comité de conferencia para conciliar las diferencias.
El comité de conferencia estará compuesto por legisladores de ambos cuerpos y deberá redactar una versión única del proyecto que luego será votada nuevamente por la Cámara y el Senado antes de ser remitida a la gobernadora para su consideración.
Entre los cambios propuestos por el proyecto se incluyen: notificación al jefe o director de la agencia con copia al Oficial de Información, extensión de los plazos de entrega de información, eliminación de la obligación de entregar información en el formato solicitado, y establecimiento de multas por incumplimiento de órdenes judiciales, entre otros.
El proyecto fue radicado originalmente el 2 de enero de 2025 y tiene como autores al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al senador Ángel Toledo López como coautor.