En el cierre de la Segunda Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico aprobó en concurrencia el Proyecto del Senado 63 (PS 63), una medida que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
La aprobación ocurre en medio de un amplio rechazo de organizaciones periodísticas, comunitarias y civiles, que denuncian que la pieza representa un retroceso para el derecho constitucional de acceso a la información.
Según el comunicado oficial del Senado, el PS 63 tiene el fin de “facilitar su implementación y garantizar el cumplimiento del Gobierno con su obligación de divulgar información pública”. Al aprobar la medida, el preidente senatorial y autor de la pieza pidió que se notificara a la prensa.
Mientras, el Senado aprobó el informe sobre el Cambio Climático, pero la Cámara de Representantes ya había cerrado sus trabajos, por lo que el trámite vuelve a quedarse para otra sesión legislativa.
Entre otras medidas de concurrencia avaladas se encuentra el Proyecto del Senado 23, que crea la Ley Uniforme de Procedimientos para el Cobro de Deudas del Gobierno de Puerto Rico, conocida como la Ley del Recobro. Esta legislación establece un proceso uniforme y ágil para identificar, notificar y cobrar deudas al Gobierno, atendiendo un histórico patrón de cuentas por cobrar sin gestionar en distintas agencias. La pieza formaliza mecanismos de notificación y objeción de deudas, permite planes de pago y faculta al Departamento de Hacienda a ejecutar sentencias.
En concurrencia, fue aprobado el Proyecto del Senado 36, que actualiza la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico para armonizar sus penalidades con el Código Penal vigente. La medida impone sanciones más severas por posesión y manejo indebido de material pirotécnico, estableciendo multas no menores de $5,000 para diez unidades o menos, y no menores de $10,000 para cantidades superiores. Con esta acción, el Senado asegura una aplicación más uniforme y justa de las sanciones relacionadas con la pirotecnia.
También obtuvo aprobación el Proyecto del Senado 57, que fortalece la penalización del fraude en la ejecución de obras de construcción, incluyendo los proyectos bajo el esquema “cost plus”. La medida establece una pena fija de tres años de reclusión para quienes manipulen o falsifiquen costos con intención de defraudar y dispone el resarcimiento obligatorio del doble del dinero recibido, independientemente del estatus procesal del convicto.
De igual manera, se aprobó la concurrencia del Proyecto del Senado 311, que reorganiza la administración de los bienes inmuebles del Estado mediante la disolución de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble. Sus funciones pasarán a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), con el fin de eliminar duplicidades, mejorar el manejo del inventario gubernamental y agilizar procesos de disposición y uso adecuado de las propiedades del Estado.
El pleno senatorial también avaló la concurrencia con el Proyecto del Senado 456, presentado por petición del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, a través de Rivera Schatz. Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para disponer que la imposición y cobro de contribuciones tasadas por el CRIM sea retroactiva a la totalidad de los años en abandono según la última factura de servicios esenciales, además de establecer requisitos para la transferencia de propiedades adquiridas por los municipios bajo estas disposiciones.
Además, se aprobó la concurrencia del Proyecto del Senado 738, una medida de administración que crea la Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores. Esta legislación unifica los derechos de ambas poblaciones y establece beneficios como un descuento del 50% en espectáculos y transportación pública, así como acceso gratuito a transportación para personas de 70 años o más. También centraliza la identificación oficial en el Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante un símbolo distintivo en licencias y tarjetas de identificación.
Otras medidas aprobadas
Por otra parte, se le dio paso a la concurrencia del Proyecto del Senado 109 del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago. La medida Para crear la “Ley para establecer el uso de torniquetes en la Policía de Puerto Rico”, con el fin de distribuir torniquetes para que cada agente tenga uno en su patrulla; incorporar el taller de uso y manejo de torniquete en el adiestramiento de los miembros de la Policía de Puerto Rico, el cual ayudará a salvar vidas en situaciones de emergencia.
También, el Proyecto del Senado 217, en concurrencia, de la senadora Nitza Moran Trinidad. La pieza legislativa enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico con el propósito de prohibir el estacionamiento de vehículos de motor en un espacio que sirva como punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad. Salvo que el vehículo ahí estacionado se encuentre conectado y en uso del dispositivo de carga.
En iguales términos fueron aprobadas las concurrencias de los Proyectos del Senado 346, 354, 521. Además, se le dio paso a las Resoluciones Conjuntas del Senado 59 y 73. También, las Resoluciones del Senado 238, 277, 318, 367, 368, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377 y 380.
En la misma línea, se le dio paso a los informes de comités de conferencia del Proyecto del Senado 188; la Resolución del Senado 38; los Proyectos de la Cámara 1, 602; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 149, 152 y 193.
Confirmados nombramientos
De la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos,que dirige Rivera Schatz se sometieron cuatro informes positivos, proponiendo que el Senado otorgue su consentimiento a un grupo de nombramientos. El Alto Cuerpo confirmó a la licenciada Jessica Ñeco Morales como presidenta de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico; Julio A. Cabral Corrada como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico; Javier J. Bustillo González como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce, en calidad de residente bonafide de la región sur de Puerto Rico; y Fernando J. Rodríguez Quiñones como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce, en calidad de residente bonafide de la región sur de Puerto Rico.