La Junta de Supervisión Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) advirtió que, pese a los avances logrados en la reestructuración de la deuda y en el control del gasto, Puerto Rico aún no ha demostrado capacidad institucional para sostener presupuestos balanceados sin supervisión externa.
La advertencia forma parte de su Informe Anual 2025, entregado al Congreso esta semana, en el que la entidad insiste en que su permanencia sigue siendo un factor determinante para evitar el regreso a las prácticas que llevaron al país a la quiebra.
El documento destaca que el presupuesto fiscal 2026, desarrollado con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, podría convertirse en el primero de los cuatro presupuestos balanceados requeridos por la Ley PROMESA para que la Junta cese operaciones. Sin embargo, el organismo subraya que esa afirmación solo podrá validarse cuando se emitan los estados financieros auditados, y siempre que estos confirmen que el plan cumple con los estándares de contabilidad modificada, el método que obliga a reconocer todas las obligaciones en su año fiscal correspondiente.
“Por ahora, solo la presencia de la Junta evita que Puerto Rico vuelva a caer en déficits presupuestarios”, advierte el informe, que concluye que la disciplina fiscal observada desde 2017 no puede atribuirse aún a prácticas institucionalizadas, sino al control externo que impone la propia ley federal.
Avances palpables, pero con reservas
La Junta resalta que, desde su creación, se han certificado nueve presupuestos en los que los gastos no han superado los ingresos en términos de caja, revirtiendo al menos 16 años de déficits estructurales en el Gobierno central. También subraya que la reestructuración de la deuda pública redujo casi un 60% las obligaciones principales del país, y que el pago anual destinado a servicio de deuda bajó de 4,200 millones a 1,150 millones de dólares, lo que representa una carga mucho más manejable para las finanzas públicas.
No obstante, el informe rechaza la idea de que el ciclo de crisis fiscal haya quedado atrás. “La deuda fue un síntoma de un problema mayor: la ausencia de responsabilidad fiscal y dos décadas de contracción económica”, sostiene el documento. En otras palabras, Puerto Rico no se encuentra en riesgo inmediato de insolvencia, pero tampoco ha construido todavía la capacidad administrativa que evite un retroceso sin supervisión.
Beneficios fiscales estimados y control del gasto
El organismo atribuye a su gestión más de 76,000 millones de dólares en beneficios fiscales estimados desde la aprobación de PROMESA. Esa cifra la sacan de ahorros por reducción de deuda, costos evitados al detener legislación sin financiamiento asignado y mejoras administrativas implantadas en áreas como compras y nómina.
Entre los ejemplos citados figura la reducción de cerca de 30,000 puestos en el sector público desde 2017, la consolidación de agencias y la detención de medidas que hubieran añadido más de 30,000 millones de dólares en obligaciones no financiadas, particularmente en pensiones. La Junta también destaca la intervención en el contrato de gas natural entre Genera PR y NF Energía, cuya renegociación —según sus proyecciones— generaría más de 4,000 millones en ahorros durante su vigencia, una vez el acuerdo final esté totalmente aprobado y ejecutado.
De igual forma, el informe señala que se han creado reservas fiscales claves: un fondo de emergencia de 1,300 millones de dólares, un fondo de recuperación de desastres de 750 millones, y un fideicomiso para sostener el pago de pensiones bajo el modelo “PayGo”. Sin embargo, subraya que Puerto Rico aún carece de un fondo de estabilización económica permanente (“rainy-day fund”) a la escala recomendada, que debería rondar los 1,700 millones.
Problemas estructurales sin resolver
El análisis también presenta una radiografía severa sobre aspectos críticos aún sin corregir:
- El Gobierno sigue incumpliendo con la publicación a tiempo de los estados financieros auditados. Los más recientes tardaron 645 días en completarse.
- El nuevo sistema de contabilidad gubernamental (ERP), que debía estar operativo desde 2019, ha enfrentado múltiples retrasos, sobrecostos y reestructuraciones de contratos, y ahora tiene como fecha estimada de implantación el año 2027.
- La dependencia de fondos federales se mantiene alta. En el presupuesto fiscal 2026, los fondos federales representan cerca del 43% de los ingresos del Gobierno.
- Aunque el gasto operacional se ha mantenido controlado, la Junta insiste en que ese logro se sostiene por mecanismos de supervisión, no porque Puerto Rico haya adoptado estructuras fiscales permanentes comparables a los estados.
¿Cuándo se va la Junta?
El organismo evita fijar una fecha de salida, pero reitera que la ley exige cumplir con tres criterios mínimos:
- Cuatro presupuestos consecutivos balanceados bajo contabilidad modificado-acumulativa.
- Capacidad de acceso a los mercados financieros sin la intervención de la Junta.
- Evidencia de manejo fiscal sostenible de largo plazo.
A juicio de la propia Junta, ninguno de esos criterios se ha cumplido aún, aunque reconoce avances significativos.
El Gobierno ha celebrado la aprobación del presupuesto 2026 como un hito de responsabilidad fiscal. Sin embargo, la Junta subraya que el camino no está completo: ni se han institucionalizado las prácticas que controlan el gasto ni se ha demostrado solvencia bajo métricas de contabilidad federal.
“La recuperación no está completada. Reducir la deuda no es suficiente. Persisten prácticas financieras que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. Sin reformas permanentes, la estabilidad actual no será sostenible”, lee el documento.