La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, aclaró en la tarde del lunes que, actualmente, la organización no representa a ninguna persona en casos relacionados con las intervenciones violentas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en redadas migratorias realizadas en la Isla.
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“La ACLU de Puerto Rico no representa, en la actualidad, a ninguna persona demandante en un caso por violaciones de derechos civiles como resultado de las intervenciones violentas de los agentes de ICE y HSI”, puntualizó la licenciada mediante declaraciones escritas.
“Sin embargo, nuestra organización se encuentra activa en la vigilancia sobre este asunto y defenderá, en el foro que sea necesario, los derechos civiles de personas afectadas”, agregó.
Asimismo, condenó la intervención federal en la comunidad Capetillo, en Río Piedras, ocurrida durante la noche del pasado sábado, señalando que este tipo de operaciones son parte de un patrón de abusos sistemáticos perpetrados por estas agencias tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.
“Ante estos abusos, reiteramos el llamado a la comunidad puertorriqueña a defender la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales que cobijan a todas las personas, incluyendo a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, que son parte de nuestra comunidad y que lo han sido históricamente“, sostuvo.
Martínez Orabona también recordó que la ACLU ha radicado múltiples demandas federales contra estas agencias para frenar prácticas abusivas, como operativos masivos guiadas por perfilamiento racial, arrestos sin orden judicial ni causa probable, y condiciones inhumanas de detención.
“Estos casos muestran que no se trata de incidentes aislados, sino de prácticas sistemáticas que requieren remedios estructurales, incluyendo en Puerto Rico. En estos casos activos, hay tribunales que han reconocido que estas prácticas cruzan la línea de lo constitucional”, afirmó la abogada.
Más temprano, en entrevista con Metro Puerto Rico, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo que la ACLU está reuniendo evidencia y testimonios para presentar una demanda de clase.
La discusión pública surgió a raíz de una redada contra inmigrantes el sábado en una comunidad dominicana en San Juan.
Los videos del operativo, que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales, muestran a dos agentes federales lanzándose sobre un hombre que ya estaba en el suelo, intentando someterlo.
De la misma forma, otros residentes de la comunidad riopedrense fueron alcanzados por descargas de “taser” y se registraron forcejeos que incluso dejaron a una mujer embarazada en el piso.