El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ordenó esta semana la paralización inmediata de los trabajos vinculados al proyecto del Paseo Ciclista de Rincón en el área de la Reserva Marina Tres Palmas.
La determinación surge en respuesta a una Solicitud de orden en auxilio de jurisdicción por los apelantes contra el proyecto, quienes denunciaron que personal y contratistas habían comenzado labores de excavación, instalación de infraestructura y movimiento de terreno dentro de la reserva natural, protegida por la Ley 17-2004.
En la resolución, el Panel III del Tribunal de Apelaciones resolvió: “Ha Lugar al auxilio de jurisdicción. Se ordena la paralización de la obra objeto de la comparecencia de los apelantes hasta que otra cosa disponga este Tribunal”.
La orden instruye la detención inmediata de toda actividad en el área señalada, conforme a la facultad del tribunal apelativo para preservar su jurisdicción mientras evalúa un caso ante su consideración.
La Reserva Marina Tres Palmas fue designada por ley en 2004. El escrito en auxilio de jurisdicción argumenta que los trabajos observados se habían iniciado dentro de los límites de la reserva, en sectores donde existen recursos ecológicos protegidos y en áreas adyacentes a humedales y anidajes.
Los apelantes volvieron a plantear que el proyecto del Paseo Ciclista se tramitó utilizando información incorrecta o desactualizada, particularmente relacionada con el deslinde costero y el cumplimiento con exclusiones categóricas ambientales.
Alegaron que las agencias recurridas —incluyendo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)— presentaron certificaciones en las que se representaban deslindes antiguos o no vigentes, así como documentos que no cumplían con requisitos regulatorios aplicables.
Según los apelantes, estas “representaciones incorrectas” permitieron que el proyecto obtuviera permisos sin vistas públicas, sin notificación adecuada a la comunidad y sin un análisis completo sobre los impactos ambientales que tendría la obra en playas, corales, zonas arqueológicas y especies en peligro de extinción.
Los planteamientos sobre el uso de documentación técnica incompleta también han surgido en el expediente del Tribunal de Primera Instancia, donde la ACT solicitó que se desglosaran —removieran— ciertos documentos presentados por la parte demandante, y el juez Johnny Reyes Villanueva accedió a esa petición en septiembre de este año.
Comunicación a la EPA
La controversia también se ha movido al plano federal. Una de las apelantes notificó a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) preocupaciones sobre el cumplimiento del proyecto con los requisitos de permisos para manejo de aguas pluviales en obras de construcción.
En la comunicación —enviada originalmente el 24 de octubre y reiterada por correo electrónico el 12 de noviembre— se alega que se utilizaron documentos desactualizados o inadecuados para certificar cumplimiento, incluyendo cartas federales de años anteriores que no corresponden al diseño actual del proyecto.
La carta plantea posibles incongruencias con la normativa federal asociada a especies protegidas bajo el Endangered Species Act, debido a la proximidad del proyecto a hábitats críticos de corales y tortugas marinas.