El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) determinó no designar un fiscal especial para investigar al alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, tras una querella que alegaba abuso de poder, soborno y perjurio. El panel acogió la recomendación del Departamento de Justicia, al considerar que no se configuraron los elementos de delito.
La querella fue presentada por Nathanahel Arroyo Martínez, residente del municipio, quien alegaba que el alcalde había cometido perjurio y soborno al testificar en el Tribunal de Primera Instancia sobre violaciones a una orden de protección emitida en 2022. También sostuvo que Méndez le habría ofrecido retirar cargos a cambio de su cooperación y que habría utilizado su cargo para obtener una nueva orden de protección en su contra y de su esposa, vigente hasta 2026.
El Departamento de Justicia refirió la investigación preliminar a su División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC). Durante la pesquisa se analizaron testimonios de las partes presentes el 23 de octubre de 2024, la regrabación de la vista judicial, expedientes de la Oficina de Administración de Tribunales, y entrevistas con abogados de las partes y la agente Ferrer Reyes, del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con el expediente, el querellante compareció acompañado de su abogado, testificó bajo juramento y expresó su conformidad con la expedición de la orden de protección. Además, se comprometió a eliminar publicaciones en redes sociales y a abstenerse de emitir comentarios sobre el alcalde y la administración municipal. La investigación concluyó que no hubo coerción ni actuación contraria a derecho por parte del alcalde.
El panel señaló que Arroyo Martínez se comunicó en múltiples ocasiones con el Departamento de Justicia y con la oficina del FEI durante el proceso, violando los procedimientos establecidos, y solicitó remedios bajo la Ley de Transparencia, Ley 141-2019.
Tras revisar la prueba y la normativa aplicable, el Panel sobre el FEI determinó que la recomendación del Departamento de Justicia contaba con fundamento suficiente y ordenó el archivo definitivo del caso.