La organización Construyamos Otro Acuerdo (COA), junto a representantes de grupos sindicales y de derechos humanos, exigió el miércoles que el gobierno implemente de inmediato un alivio de emergencia de mil dólares para todas las personas pensionadas, como medida ante el aumento sostenido en el costo de vida y la falta de ajustes en las pensiones.
“El costo de vida no para de subir, pero nuestras pensiones siguen igual. Después de una vida de trabajo y compromiso, no es justo ni humano que tengamos que regresar al mercado laboral por necesidad. En las últimas semanas, el gobierno ha promovido ferias de empleo dirigidas a personas retiradas, como si la solución fuera poner a trabajar nuevamente a quienes ya dieron su vida al servicio. Somos personas que enfrentamos condiciones de salud, limitaciones físicas y el peso de la edad. Exhortarnos a regresar a trabajar no es una política de apoyo: es una muestra de abandono institucional”, afirmó Myra Rivera, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo, en declaraciones escritas.
El reclamo ocurre en un momento marcado por el cierre del gobierno federal, que amenaza con interrumpir la distribución de fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico. Más de un millón trescientas mil personas podrían ver afectado su acceso a alimentos, entre ellas miles de pensionadas y envejecientes que dependen del programa para sobrevivir.
“Llevamos más de dieciocho años sin aumentos en las pensiones, y el Plan de Ajuste de la Deuda nos impone una década adicional sin revisión ni ajuste. En ese mismo periodo, el costo de vida ha aumentado más de treinta y cinco por ciento, y ahora enfrentamos además un cierre de gobierno que pone en riesgo el acceso de muchas personas a sus alimentos. Esa realidad no solo es injusta: es insostenible”, señaló Ramón Santiago, portavoz de COA.
A la inflación se suman los aumentos en los costos de energía eléctrica, alimentos, medicamentos y servicios esenciales, que impactan directamente a las personas pensionadas. Según un estudio de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, el costo promedio de la canasta básica mensual en el 2025 asciende a 509 dólares, sin incluir gastos esenciales como utilidades, medicamentos, transportación o vivienda. Actualmente, más de 49 mil personas pensionadas en Puerto Rico reciben menos de esa cantidad al mes.
“No pedimos caridad, esto no es un bono ni un incentivo, es un alivio urgente para poder sobrevivir, pedimos justicia. Quienes hoy son pensionados sostuvieron este país durante décadas: en las escuelas, los hospitales, las agencias y los municipios y hoy enfrentan la vejez con angustia, contando centavos para cubrir lo básico. Garantizar un retiro digno no es un privilegio, es un derecho humano que el gobierno tiene la obligación moral y legal de proteger”, expresó Mayra Muñoz, presidenta de la UAW International Union Local 1850.
Las organizaciones advirtieron que la combinación del cierre del gobierno federal, la falta de política pública local para proteger a los pensionados y la inflación persistente está profundizando la inseguridad alimentaria y forzando a muchas personas mayores a depender de familiares o redes comunitarias para sobrevivir.
“Nadie debería pasar la vejez contando centavos o dependiendo de familiares para poder comer. Las personas mayores no buscan privilegios, sino la seguridad básica que merecen después de toda una vida de trabajo. Garantizar un retiro no es un gesto de compasión, es una decisión de país y un acto de justicia intergeneracional. Un gobierno que no cuida a quienes lo sostuvieron, pone en riesgo su propio futuro”, agregó Rivera.
COA reiteró que el retiro no puede seguir siendo una promesa vacía e instó al gobierno a tomar acción inmediata. El alivio de emergencia de mil dólares propuesto representa una medida mínima, concreta y humana para atender de forma inmediata la crisis que viven las personas pensionadas, mientras se establecen mecanismos permanentes de justicia económica.
Las organizaciones informaron que este jueves 13 de noviembre sostendrán una reunión con la Oficina de la Gobernadora para dar seguimiento al tema. Durante el encuentro esperan recibir información sobre la implementación y financiamiento del alivio propuesto. La presencia de pensionados de Aguas Buenas, Carolina, Caguas, Cidra, Corozal, San Juan, Ponce, Isabela, Juana Díaz y Yauco reflejó el respaldo y la unión de este sector.