Las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) celebradas en 2024 registraron un aumento extraordinario en el gasto político, alcanzando $19.4 millones en ingresos y desembolsos auditados.
La cifra supera por tres veces lo manejado en las primarias del 2020.
La licenciada Sara Rodríguez de Jesús, directora de la División Legal de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), confirmó que la tendencia no se limita a la contienda interna. La proyección preliminar —una vez se completen las auditorías de todos los comités, incluyendo los de la elección general— apunta a casi $65 millones invertidos durante todo el ciclo electoral 2024. Se trata de una cifra récord que consolidaría el periodo como uno de los más costosos en la política moderna del país.
“Hubo un incremento significativo en ingresos y gastos”, afirmó Rodríguez en entrevista con Metro al Mediodía. Añadió que las campañas primaristas movieron más dinero, recibieron más donaciones y elevaron sus costos operacionales en todos los niveles —gobernación, alcaldías y escaños legislativos— sin un patrón particular entre tipos de candidatura. La funcionaria destacó al comparar con el 2020, que ese año estuvo marcado por la pandemia, lo que limitó las campañas.
La OCE auditó 149 aspirantes a 70 puestos electivos, y documentó 1.6 millones en ingresos y gastos no informados, además de infracciones recurrentes como donantes no identificados, aportaciones en exceso del tope permitido, donativos de personas jurídicas —prohibidos por ley— y fallas en controles internos. Las irregularidades generaron más de 650 mil dólares en multas y penalidades.
Rodríguez explicó que los candidatos o comités pueden corregir los hallazgos durante el proceso de borrador, pero una vez las multas son finales, deben pagarse primero con fondos del comité y, si estos no existen, con ingresos personales del candidato. Las multas administrativas se depositan en el erario y las devoluciones por ingresos irregulares se asignan a las operaciones de la OCE.
Respecto al resto del ciclo electoral, Rodríguez recordó que el proceso de auditoría ya está en curso. La OCE trabaja con más de 880 comités adicionales correspondientes a la elección general. La ley concede hasta 30 meses —hasta verano de 2027— para completar la revisión y emitir multas finales.
Finalmente, destacó que los informes y auditorías están disponibles para consulta pública, junto con un sistema de confidencias para denunciar posibles violaciones a la ley de financiamiento político.