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Denuncia falta de transparencia sobre fondos de multas de tránsito destinados a la Policía

Joanne Rodríguez Veve denunció la falta de transparencia sobre el uso de los fondos recaudados por multas de tránsito, destinados a mejorar la Policía de Puerto Rico.

Propuesta de la senadora Joanne Rodriguez Veve para utillizar los fondos del barrilito para sufragar el fondo de retiro de la policía.
Joanne Rodriguez Veve, senadora independiente (Dennis A. Jones)

La senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, denunció que las autoridades desconocen el destino de los fondos recaudados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a través de multas de tránsito, que fueron destinados para la mejora de las herramientas tecnológicas de la Policía de Puerto Rico.

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Fue a través de la redes sociales que Rodríguez Veve detalló que demandó al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) tras negarse a entregar información sobre el Fideicomiso para la Administración del Fondo de Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía (Ley 140-2014). Sin embargo, ambas agencias le terminaron entregando la información solicitada.

“La respuesta fue que no tienen información alguna en sus respectivas agencias. Nadie sabe nada sobre la suma millonaria de dinero que se supone que por lo pasados 10 años se haya recaudado del cobro de esas multas de tránsito para ayudar a la Policía”, dijo la legisladora en un video publicado en su cuenta de Facebook.


En respuesta a esta situación, indicó que solicitará al DTOP información detallada para confirmar si un porcentaje de las multas cobradas fue realmente destinado a la Uniformada. Además, exigirá que el Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de Hacienda (DH) y el Departamento de Estado (DE) también rindan cuentas sobre el manejo de estos fondos.

“Necesitamos respuestas, necesitamos saber”, sostuvo.

El Fideicomiso para la Administración del Fondo de Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía fue creado en 2014 para operar durante un periodo de 10 años, con el objetivo de recaudar y administrar los fondos generados a partir de las multas de tránsito.

Durante este tiempo, el dinero recaudado se destinaría específicamente a mejorar las condiciones laborales y tecnológicas de la Policía de Puerto Rico, incluyendo la adquisición de equipos, la capacitación profesional de los oficiales y otras mejoras en la infraestructura.

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