El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que entregue a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) el alegado subpoena que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas inmigrantes.
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“Con esta victoria, la ACLU de Puerto Rico reafirma su compromiso con la protección y la defensa de los derechos humanos y civiles de todas las personas que vivimos en nuestro archipiélago. El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental”, afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La organización presentó a principios de octubre una petición de Mandamus ante el TPI contra el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregara de manera inmediata documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013.
“El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué circunstancias y supuestos se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo y cómo ocurrió el traspaso de estos datos, incumpliendo con la intención legislativa en la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre esos datos”, subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y quien argumentó el caso en nombre de la organización durante una vista ayer, jueves.
El DTOP, representado por el Departamento de Justicia, intentó defender en sala un “interés apremiante” en proteger como confidencial el alegado subpoena que recibió la agencia sobre la información de los inmigrantes, planteando que dicha solicitud era parte de una presunta investigación que podría beneficiar al Estado en materia de seguridad pública.
Además, el gobierno defendió una política pública de cooperación con las agencias federales a cargo de los asuntos de inmigración. Pese a sus planteamientos, el Gobierno no pudo demostrar la confidencialidad del documento ni jurisprudencia que sustentara por qué debía impedir al público el acceso a dicha información. Tampoco pudo esbozar con hechos concretos cuál es el interés apremiante que alega el Estado.
“La decisión en este caso es un reconocimiento de que el público tiene un derecho inalienable a saber, de manera abierta y cándida, cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos y que pueden tener consecuencias como las que el país ya ha visto, de ejecución de arrestos de personas inmigrantes en violación a protecciones constitucionales”, sentenció Arraiza Navas.
La acción de la ACLU de Puerto Rico surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos.
La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. Durante la vista este jueves, en la sala 904 del Tribunal de San Juan, la agencia tampoco pudo sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad. El juez Anthony Cuevas Ramos ordenó que el DTOP tiene cinco días para completar la entrega de la información.
El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales los datos personales de alrededor de 6,000 conductores que obtuvieron este tipo de licencia diseñada para personas inmigrantes. Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos son utilizados para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos y deportarlos. La mayoría de estas detenciones ocurren sin orden judicial y en violación de derechos constitucionales y humanos que cobijan a todas las personas, incluyendo a las inmigrantes.
La acción del Gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no fuera utilizado con fines migratorios y que propenden al discrimen. Desde enero de este año hasta el mes de octubre, el ICE había arrestado al menos 1,236 personas inmigrantes.