La Alianza de Autismo de Puerto Rico reclamó al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, la derogación inmediata de la Carta Circular 006-2025-2026, por considerar que vulnera derechos fundamentales de los estudiantes con diversidad funcional. La organización sostuvo que la medida entra en conflicto con leyes estatales y federales que garantizan el acceso a una educación pública, gratuita, inclusiva y adecuada.
Según la entidad, la disposición del Departamento altera la naturaleza de las terapias que reciben los estudiantes al clasificarlas como tratamientos médicos. La directora ejecutiva de la Alianza, Joyce M. Dávila, enfatizó que esas intervenciones “no son tratamientos médicos: son servicios educativos. Y por ley, deben ser responsabilidad del Departamento de Educación. La Educación Especial es un derecho, no un servicio médico”.
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Recordó que la Ley Federal IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) y la Ley 51-1996 de Puerto Rico establecen la obligación del Departamento de Educación de proveer todos los servicios relacionados necesarios para el aprovechamiento académico. Además, citó precedentes judiciales del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como Tatro vs. Irving Independent School (1984) y Cedar Rapids vs. Garret F. (1999), que reconocen como “servicios educativos” terapias como las del habla, ocupacionales, sensoriales, físicas, psicológicas y de comportamiento.
La Alianza advirtió que los planes médicos, incluyendo Plan Vital, no cubren adecuadamente esas terapias y que transferirlas al sistema de salud ocasionaría la pérdida de servicios esenciales.
“Si se transfieren las terapias a Salud, miles de niños dejarán de recibir servicios. La salud atiende lo médico; la educación transforma vidas”, expresó Dávila.
El grupo también recordó que la Ley 163-2024, conocida como la Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista, reafirma que el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de desarrollar programas educativos individualizados, proveer servicios basados en evidencia y adiestrar al personal.
“La Ley 163-2024 no le da esa función a Salud, se la da a Educación”, indicó la directora.
La Alianza planteó que delegar esas funciones en el Departamento de Salud provocaría la pérdida de continuidad de servicios y violaría derechos garantizados por la IDEA, la Ley ADA y la Sección 504.
“No se trata de quién paga la factura, sino de quién garantiza el derecho. Y la ley es clara: ese deber le corresponde al Departamento de Educación”, señaló Dávila.
La organización exhortó a madres, padres, encargados, terapeutas y educadores a unirse al reclamo y participar en espacios de diálogo y movilización para exigir la derogación de la Carta Circular.
“La protección a la niñez no es opcional, es un mandato moral y legal. Nuestros niños no tienen tiempo que perder y Puerto Rico no puede dar pasos hacia atrás. La educación inclusiva es un derecho humano fundamental”, concluyó.