Padres, madres y organizaciones de educación especial denunciaron que la nueva carta circular del Departamento de Educación (DE) podría limitar el acceso a terapias y servicios educativos para estudiantes de educación especial, y convocaron a una conferencia de prensa frente a La Fortaleza.
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Ruth Concepción, representante de la Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE), explicó que la política establecida por la carta circular “se desprende de instrucciones que se distancian de lo que son los estatutos de la Ley IDEA, así como de leyes locales que garantizan educación pública gratuita y apropiada para los estudiantes con diversidad funcional”.
Según Concepción, la guía presentada por el DE clasifica ciertos servicios como clínicos y no educativos únicamente por el lugar en que se brindan, lo que, a su juicio, “es totalmente incorrecto”, ya que los objetivos y metas de la intervención determinan si un servicio tiene finalidad educativa.
Concepción destacó que algunos servicios, aunque se ofrecen fuera de la escuela, inciden directamente en la participación del estudiante en el contexto escolar, incluyendo áreas como alimentación, destrezas funcionales y vida independiente.
“Un niño que tiene problemas para alimentarse o vestirse requiere terapias que impactan su desempeño escolar; no atender estas necesidades afecta su derecho a la educación”, indicó.
La representante señaló que la implementación de la carta circular se llevó a cabo de forma unilateral y sin la participación de padres, profesionales y otros sectores. Además, advirtió que el acceso a los servicios enfrenta cada vez más obstáculos y que no todos los padres cuentan con los recursos necesarios para defender los derechos de sus hijos. Indicó que en los primeros dos meses del año escolar, el Departamento de Educación había atendido cerca de 2,000 querellas administrativas relacionadas con educación especial, superando la cifra que normalmente se registra en todo un año.
Posición del Departamento de Educación
Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, defendió la carta circular y aseguró que no introduce limitaciones nuevas.
“El Departamento de Educación siempre ha estado enfocado en ofrecer servicios educativos. Esta carta busca aclarar diferencias entre servicios educativos y clínicos, y no limita la labor del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) ni la cantidad de estudiantes atendidos”, señaló.
Ramos Parés destacó que aproximadamente el 80% de los servicios relacionados con educación especial se brindan actualmente dentro de las escuelas.
Duplicidad en la facturación de servicios
El secretario de Educación reconoció, durante entrevista radial, que se han identificado casos de duplicidad en la facturación de servicios terapéuticos, donde algunos proveedores han cobrado por la misma terapia tanto a los planes médicos de los estudiantes como al Departamento de Educación.
Ramos Parés explicó que estas situaciones están siendo objeto de investigaciones exhaustivas a nivel federal y estatal, y señaló que “algunos casos ya han derivado en la radicación de cargos formales, mientras que otros permanecen bajo revisión de auditores para determinar posibles irregularidades en la prestación y facturación de los servicios”.
En julio, confirmó que se investigaban denuncias contra terapistas de Educación Especial por conductas que iban desde facturar por servicios no ofrecidos bajo el programa de Remedio Provisional hasta cobrar a los padres por el apoyo brindado a sus hijos.
Entre los casos recientes, se destacó la radicación de 135 cargos criminales contra la patóloga del habla Jomarys Ainniz Agosto Cuevas por supuestamente apropiarse de fondos públicos al facturar 125 terapias bajo el programa de Remedio Provisional.
Otro caso investigado por la Oficina del Contralor involucró a una psicóloga que certificó fraudulentamente 77 terapias a 23 estudiantes en horarios en que no las ofreció, incluyendo sábados y periodos fuera de horario escolar. Las auditorías confirmaron firmas falsas de padres y educadores, y los hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia y al Inspector General para su evaluación.
El secretario añadió que estas investigaciones buscan garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y que ningún estudiante se vea afectado por prácticas indebidas de duplicidad de cobro.
La conferencia de prensa de padres y organizaciones, pautada para hoy miércoles a las 11:00 a. m. frente a La Fortaleza, busca visibilizar estas preocupaciones y solicitar una reconsideración de la carta circular.