El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico lanzó una campaña titulada “Ni Olvido ni Silencio”, mediante la cual se exige justicia para todas las mujeres que han fallecido a causa de la violencia machista que se vive en la isla.
“Este esfuerzo no es solo un acto de memoria: es un grito colectivo que denuncia la indiferencia del Estado, la impunidad que persiste en los tribunales y la falta de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico. Desde el 2019 hasta hoy, el Observatorio ha documentado 455 feminicidios. Cada número es un nombre, un rostro, una historia interrumpida. Entre ellos se cuentan feminicidios directos y también los llamados indirectos, aquellos que con frecuencia son invisibilizados por el Estado y estigmatizados por la sociedad, porque ocurrieron en contextos de crimen organizado o vinculados a sobredosis. Pero para nosotras, todas esas vidas importan. Ninguna debe ser invisibilizada”, expresó Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género.
La campaña mediática inició en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico con un encuentro de organizaciones aliadas del movimiento por la equidad de género. Allí portavoces de estas entidades se alternaron para mostrar los rostros y leer los nombres de las 455 víctimas de feminicidios que documentó el Observatorio en seis años.
Asimismo, se levantaron reclamos como apoyar la Ley 40 en los casos de feminicidios; asignar recursos económicos sostenidos a los albergues, organizaciones de servicio e investigación sobre violencia de género; educación con perspectiva de género en escuelas; y esclarecimiento de los casos de feminicidios aún en investigación, entre otros.
Deborah Upegui Hernández, analista del Observatorio, indicó que “la campaña “Ni Olvido Ni Silencio” nace de la convicción de que la memoria es resistencia. Nombrar a las víctimas es negarnos a aceptar la indiferencia. Recordarlas es afirmar que sus vidas importan, que su ausencia no será normalizada, que sus familias no están solas. Este mes, levantamos sus nombres como estandartes de dignidad. Porque el silencio es cómplice y el olvido es injusticia. Cada silla vacía en Navidad, cada álbum de fotos con sonrisas incompletas, cada cumpleaños celebrado sin ellas es un recordatorio de que no podemos esperar más”.
Figueroa y Upegui plantearon que la magnitud de la emergencia de violencia de género se refleja en datos como los siguientes: 113 casos permanecen bajo investigación, algunos por más de cinco años, sin respuestas para las familias; 9 transfeminicidios, muchos aún sin esclarecer, que evidencian la vulnerabilidad y la violencia que enfrentan las personas trans; 156 menores han quedado en estado de orfandad, por lo que estas infancias cargan cicatrices que marcan generaciones; 376 intentos de feminicidio desde el 2020, vidas que estuvieron a un paso de ser arrebatadas; 50 mujeres y niñas desaparecidas desde el 2020, cuyos paraderos siguen siendo un misterio y cuya ausencia es un clamor de justicia; entre 2014 y 2019 el 33% de los feminicidios íntimos se perpetraron con armas de fuego y en el 2024 ese porciento aumentó a un 75%.
Ante los feminicidios, el Observatorio así como organizaciones, familias y comunidades, exigieron otros puntos esenciales para atender con efectividad el problema. Los reclamos incluyen: una vida libre de violencia para todas las mujeres, niñas y personas trans; políticas públicas de reparación para las hijas e hijos que han perdido a sus madres por violencia, así como a sus familiares y custodias que cargan con el duelo y la responsabilidad; reconocimiento de todos los feminicidios, sin jerarquías ni estigmas; y procesos de investigación ágiles y efectivos para las mujeres y menores desaparecidas.
En cuanto al gobierno, Figueroa planteó que es necesario que se asuma “responsabilidad del Estado en los feminicidios donde la negligencia institucional ha costado vidas, como el caso de Claribel, quien esperó más de una hora por una ambulancia tras el ataque de su agresor, Andrea Costas que le negaron una orden de protección en más de una ocasión e Ivette Joan Meléndez Vega que fue asesinada a manos de Hermes Dávila quien fue excarcelado bajo la Ley 25 por supuesta condición médica severa. Dicha salida se autorizó con diagnósticos no corroborados y sin evaluaciones”.
Finalmente, las portavoces del Observatorio manifestaron que el gobierno tiene la obligación de defender con firmeza las leyes que protegen a las mujeres, que no deben minimizar la dimensión estructural de la violencia machista y que reclaman que el Estado identifique y nombre los asesinatos de mujeres como feminicidios. “Negar el problema de la violencia de género o limitar el uso del término feminicidio es negar sus raíces estructurales”, concluyó Figueroa.