LUMA Energy presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston para impugnar la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, quien el pasado 27 de octubre rechazó su moción urgente para hacer cumplir la suspensión automática en el caso que lleva el Departamento de Asuntos al Consumidor (DSACO) sobre la cláusula de exención de responsabilidad del contrato de operación y mantenimiento (OMA) con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La apelación fue registrada el 31 de octubre de 2025 en el expediente del caso de quiebra de la AEE. En el escrito, LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco, LLC notifican su intención de recurrir la orden judicial emitida por Swain al Primer Circuito de Apelaciones con sede en Boston.
El origen del litigio
La controversia surge de una demanda presentada por el DACO, que busca anular la cláusula 4.1(g) del contrato OMA entre LUMA, la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP). Esa disposición exime a LUMA de responsabilidad por daños a equipos eléctricos, incluso en casos de negligencia o fallas en el servicio.
DACO sostiene que la cláusula es inconstitucional y lesiva para los consumidores, al impedir que los abonados reclamen daños por irregularidades en el servicio eléctrico. Según la agencia, LUMA ha rechazado más de 1,800 reclamaciones de ciudadanos amparándose en esa inmunidad. LUMA ha planteado que de eliminar la cláusula, se resgitrarían nuevas alzas en las facturas de la luz.
La decisión de Swain
La jueza Swain denegó la moción de LUMA que alegaba violación a la suspensión automática bajo PROMESA. En su fallo, concluyó que la acción de DACO está protegida bajo la excepción de “poder de policía” del gobierno, que permite a las agencias reguladoras continuar procedimientos en defensa del interés público.
Swain enfatizó que DACO no busca compensación económica, sino que actúa para proteger los derechos de los consumidores y hacer cumplir leyes estatales de protección al consumidor. Además, advirtió que el tribunal federal no intervendrá en disputas políticas o regulatorias entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA.
El aviso de apelación fue firmado por los abogados de DLA Piper LLP (US) —Brett Ingerman, Dale Cathell y David Horniak— junto a la abogada local Mariana Muñiz Lara de DLA Piper Puerto Rico. El documento notifica formalmente que LUMA busca revisar la orden del 27 de octubre de 2025, que permitió a DACO continuar su acción en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El recurso ahora pasará a revisión del Primer Circuito de Apelaciones, que evaluará si la jueza Swain interpretó correctamente los límites del “automatic stay” bajo PROMESA frente a las facultades regulatorias del gobierno local.
La decisión del Primer Circuito será determinante para establecer hasta dónde puede el gobierno de Puerto Rico fiscalizar a LUMA mediante acciones regulatorias.