La gobernadora Jenniffer González Colón destacó este jueves la aclaración de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, que corrigió el récord judicial en el caso contra el contratista Daniel García Martín, al establecer que no existe ninguna investigación —ni de cuello blanco ni de otro tipo— relacionada con la mandataria.
“Yo me alegro muchísimo de que la Fiscalía haya radicado una moción y que el propio tribunal haya puesto en blanco y negro que no existe ningún tipo de investigación sobre mi persona. Aquí hay gente que le gusta manchar reputaciones… Yo creo que ya basta”, expresó la gobernadora en declaraciones a la prensa.
La moción, firmada por el fiscal Seth A. Erbe de la División de Fraude Financiero y Corrupción Pública, corrigió una expresión incluida en la orden del magistrado Marshal D. Morgan, quien había señalado que un allanamiento en la residencia del contratista “derivó de una investigación de cuello blanco no relacionada que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y a una propiedad perteneciente a su familia”.
Cuestionamientos al proceso judicial
Aunque la aclaración de la Fiscalía Federal buscó cerrar el capítulo, la controversia generó nuevos cuestionamientos sobre el manejo judicial del caso.
En entrevista con Metro al Mediodía, el abogado litigante Francisco Reyes Caparrós, quien trabajó en la Fiscalía Federal, planteó que la mención a la gobernadora en la orden judicial podría no haber sido un error aislado.
“Un magistrado no se va a inventar una frase así. Lo más probable es que haya sido un copy-paste de lo que ya estaba autorizado en la orden original”, explicó Reyes Caparrós, al analizar el documento que desató la controversia.
El abogado advirtió además que la redacción de la moción —que utiliza puntos suspensivos tras el nombre de la gobernadora— deja abierta la posibilidad de que existan otras personas vinculadas.
“Si uno lee con cuidado, ellos ponen tres puntitos al final del nombre de la gobernadora. Eso deja espacio a interpretación. Lo que deberían solicitar ahora es la orden de allanamiento completa para ver qué fue lo que realmente se incluyó ahí”, añadió.
El caso del contratista
El contratista Daniel García Martín, de 67 años, fue arrestado el 20 de octubre luego de que agentes federales hallaran tres armas de fuego y 143 municiones en su vivienda. El magistrado Morgan ordenó su detención preventiva tras destacar su historial criminal, que incluye dos condenas por asesinato y una por violación a la Ley de Armas.
Según Reyes Caparrós, el hallazgo de las armas podría haber sido incidental.
“No fueron buscando armas; lo más probable es que buscaban documentos, computadoras o fotos. Y en el proceso se toparon con las armas”, dijo.
“Esto complica cualquier investigación”
El abogado también opinó que la divulgación pública del error judicial complica cualquier pesquisa en curso, si la hubiera, al exponer información que podría estar bajo sello.
“Si era una investigación en curso, ya no lo es. Se rompió el sigilo del proceso”, advirtió.
Por su parte, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, calificó como “altamente irregulares e irresponsables” las expresiones del magistrado y recalcó que ni la gobernadora ni su familia están bajo investigación.
Reyes Caparrós concluyó que lo prudente sería permitir que el proceso judicial continúe y que el gobierno, si lo entiende necesario, solicite la desclasificación parcial de la orden para esclarecer el origen de la mención que provocó la controversia.