La senadora Ada Álvarez Conde presentó los resultados de una petición de información legislativa (2025-0114) y otros datos recientes sobre los efectos fiscales de la Ley 60, también conocida como Ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Según la información divulgada, el costo fiscal consolidado de la Ley 60 supera los $7,462 millones, fondos que el Estado dejó de recaudar durante los pasados años.
La legisladora explicó que, de acuerdo con un análisis del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la firma Abexus Analytics, los incentivos representaron $7.4 mil millones en pérdidas para el gobierno durante el año fiscal 2016. Además, el Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda estimó que las pérdidas acumuladas por exenciones y créditos contributivos podrían alcanzar los $18 mil millones.
“Mientras Puerto Rico enfrenta una de las tasas de pobreza más altas y nuestros jóvenes no pueden comprar su primera vivienda, además, estamos debatiendo de dónde saldrá dinero para los municipios, pues el gobierno les regala a individuos ultra millonarios una tasa contributiva de 0% sobre sus ingresos pasivos, sin la obligación de crear un solo empleo,” expresó Álvarez Conde.
La senadora sostuvo que los decretos bajo la Ley 60 han sido fiscalizados de forma limitada durante más de una década. Según los datos revelados, entre 2020 y 2025 se otorgaron 10,350 decretos contributivos, de los cuales 3,464 correspondieron a inversionistas individuales. En ese periodo, se identificaron más de 2,000 incumplimientos, pero solo 317 decretos fueron revocados.
“Fiscalizar no es considerar más subsidios; y mucho menos por 30 años, es exigirles lo mismo que se le exige a cualquier puertorriqueño: aportar, crear empleos o perder el decreto. No hay espacio para medias tintas”, expresó Álvarez Conde.
La legisladora añadió que el requisito de generar empleos no aplica a los beneficiarios de la Ley 60, y que sus compromisos se limitan a mantener un récord criminal limpio, adquirir una vivienda en un plazo de dos años y donar $10,000 anuales a entidades sin fines de lucro. Según la información solicitada, los beneficiarios no están obligados a revelar detalles sobre las propiedades adquiridas ni si se utilizan para alquileres a corto plazo.
“Pregúntese si $7,462 millones es un precio justo por ese retorno. El agricultor bonafide genera más empleos, el sector turismo genera más empleos… pero los que más se benefician del fisco son los que menos aportan. Esa es la verdad incómoda que quieren silenciar”, declaró la senadora, quien también indicó que recientemente se creó una Oficina de Auditoría de Cumplimiento.
Álvarez Conde emitió además un llamado directo a la acción contra el Proyecto de la Cámara 505 (PC 505), que se encuentra en Comité de Conferencia. La medida propone extender hasta el año 2055 los beneficios de la Ley 60 y aumentar la tasa contributiva preferencial de 0% a 4%.
“El solo hecho de que quieran subir la tasa de 0% a 4% admite que el 0% es moral y fiscalmente indefendible. Aun así, ese 4% sigue siendo menos de lo que paga cualquier trabajador que gane $9,000 al año. Eso no es justicia fiscal, es un parcho vergonzoso,” expresó.
La senadora anunció que presentó una nueva petición de información (2025-0137) aprobada en el pleno del Senado, con el propósito de obtener datos adicionales antes de que la medida sea sometida a votación.
“Hago un llamado urgente a mis compañeros legisladores: no podemos aprobar el PC 505. No podemos extender por 30 años más un esquema que sangra las arcas del país y expulsa a nuestra gente. Con la información que hay, hay suficiente para detener esto. Actuemos con la información correcta,” puntualizó.
El PC 505 permanecerá bajo evaluación legislativa mientras se aproxima el cierre de la sesión ordinaria el 18 de noviembre de 2025.