Las principales organizaciones del sector privado del país reaccionaron con indignación al veto de la gobernadora Jenniffer González Colón al Proyecto de la Cámara 420, medida que buscaba congelar y eventualmente eliminar el impuesto al inventario. Los líderes empresariales calificaron la decisión como un “golpe al desarrollo económico” y un revés al compromiso de crear un sistema contributivo más moderno.
“Hoy perdió Puerto Rico. Con este veto, la Gobernadora dejó pasar la oportunidad de hacer historia y de ponerse del lado del pueblo”, expresó José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET). Añadió que la decisión representa “un retroceso en los esfuerzos por modernizar el sistema contributivo y encamina al país nuevamente por la ruta de la incertidumbre”.
El grupo, que agrupa a los sectores de comercio al detal, alimentos, manufactura, construcción y restaurantes, sostuvo que la medida había alcanzado un consenso histórico en la Legislatura con el respaldo de los presidentes de Cámara y Senado. Sin embargo, reconocieron que el veto detiene el intento más avanzado hasta la fecha de eliminar el impuesto, que catalogan como “nefasto”.
“Se afectan los ciudadanos, los comerciantes y el país”
El presidente de Hecho en Puerto Rico, Mateo Cidre, sostuvo que la decisión tiene consecuencias directas sobre toda la población.
“El impuesto al inventario penaliza a todos: al ciudadano que no encuentra productos esenciales, al comerciante que no puede planificar y al país que no logra competir. Vetar este proyecto es cerrar las puertas al progreso y prolongar una estructura contributiva que el propio gobierno reconoció como insostenible”.
Mientras, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Dr. Ramón Barquín, lamentó que “una vez más prevalezcan las presiones políticas sobre el bienestar del país”.
“Agradecemos a los presidentes de Cámara y Senado, que mantuvieron una postura firme en beneficio del pueblo, sin sucumbir a la presión de los alcaldes. Seguiremos dando la batalla hasta lograr que este nefasto impuesto se elimine”, puntualizó.
Por su parte, Carlos Budet, presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), advirtió que el impacto va más allá del comercio organizado.
“Este veto no es solo un revés para el comercio; es una pérdida para el ciudadano que paga más caro, para la empresa que intenta crecer y para el país que necesita desarrollo y estabilidad. Ganó la política, perdió Puerto Rico”.
Piden abrir espacio para un nuevo acuerdo
Los líderes coincidieron en que el veto al PC 420 representa una oportunidad desperdiciada para implantar un modelo contributivo más equitativo. No obstante, aseguraron que continuarán participando de las mesas de trabajo que se establezcan entre el Ejecutivo, la Legislatura y los alcaldes para buscar una alternativa fiscal que permita eliminar el impuesto sin afectar las finanzas municipales.
“Seguiremos trabajando con determinación y unidad. Puerto Rico necesita líderes que tomen decisiones con visión de país, no con miedo a perder apoyo político”, concluyó González.