La gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto de la Cámara 420, que buscaba congelar por tres años el impuesto al inventario y establecer su eliminación para 2028, al sostener que la medida no presenta una fuente recurrente de ingresos para los municipios.
“Hay una preocupación que tengo, esta gobernadora tiene que tomar una decisión pensando en el pueblo. (...) Quitar o aprobar la medida tal y como está representa que el gobierno tendría que pagar el año que viene $314 millones para poder sustituir(...) Por esa razón etoy presentando el veto”, anunció la gobernadora en conferencia de prensa.
Su determinación surgió luego de una reunión convocada este jueves en La Fortaleza con los alcaldes federados y asociados.
Asimismo, anunció que resometería la medida a la legislatura, esta vez congelando el impuesto al inventario por un periodo de cinco años, mientras se evalúa un mecanismo para sustituir este impuesto.
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“Voy a estar radicando hoy mismo el proyecto tal y como se originó el 18 de marzo que incluye congelación del impuesto por cinco años y sin sustitución. En esta ocasión con el respaldo de los 78 municipios en Puerto Rico de que esa medida se apruebe tal y como la estamos radicando“, añadió la gobernadora.
El impuesto al inventario genera entre $210 y $230 millones anuales a los municipios, según datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
La gobernadora había expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la falta de un mecanismo de sustitución. En declaraciones previas, señaló que la medida es “insostenible”.
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Previo al veto, González Colón había pedido a la Legislatura revaluar el proyecto junto a los alcaldes y el sector privado. Durante su encuentro con asociaciones del comercio, alimentos y construcción, advirtió que no firmaría un proyecto “que no detalle de dónde saldrán los fondos operacionales para las funciones básicas de los municipios”.
La mandataria insistió en que, aunque su programa de gobierno contempla aliviar la carga que representa este impuesto, explicó que la versión actual del PC 420 no está alineada con la reforma contributiva que su administración se propone radicar en los próximos días, la cual podría representar un impacto de más de $500 millones en recaudos.
Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes habían solicitado formalmente que la medida fuera vetada, advirtiendo que su aprobación pondría en riesgo servicios esenciales en las comunidades más vulnerables. Las legislaturas municipales de todos los partidos aprobaron resoluciones conjuntas reclamando que el proyecto regresara al proceso legislativo.
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La posición de la gobernadora también coincidió con la advertencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), que alertó sobre errores técnicos en el texto y posibles impactos negativos en la tributación local. A pesar de ello, los presidentes legislativos Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz mantuvieron su postura de no devolver la medida.
Sobre el rechazo de Méndez y Schatz
Ante preguntas sobre el rechazo de los líderes legislativos sobre la devolución de la medida a la asamblea, la gobernadora indicó que también deben estar dispuestos a dialogar.
“Yo tengo también el poder del veto, el poder de gobernar lo tengo yo. Los legisladores tienen un poder constitucional (...) Esa misma autoridad lo tengo yo como gobernadora y lo estoy ejerciciendo, si yo me pude sentar con los 78 municipios, ¿por qué la Asamblea no puede hacer lo mismo y ponerse de acuerdo en un tema como este? Los legisladores tienen que cumplir con su deber también", dijo.