El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva norma que elimina las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de trabajo a partir del 30 de octubre de 2025, una medida que, según la agencia, busca reforzar la verificación de antecedentes y proteger la seguridad nacional y pública.
Hasta ahora, presentar la renovación del EAD dentro del plazo establecido garantizaba una extensión automática de la validez del documento anterior, lo que permitía a los inmigrantes mantener su empleo legalmente mientras el gobierno procesaba su nueva solicitud. Esa política aportaba estabilidad a miles de personas que aún esperan la resolución de sus casos migratorios.
El permiso de trabajo (EAD) funciona como un remedio provisional para quienes aguardan la decisión de solicitudes que podrían conducir a la residencia permanente, entre ellas el asilo político, el ajuste de estatus o las peticiones basadas en empleo.
Sin embargo, expertos en inmigración alertan de que la eliminación de las extensiones automáticas podría generar efectos adversos tanto para los trabajadores como para los empleadores.
El abogado Jean-Paul Castro, fundador de CALAM Immigration Law PLLC, advirtió que la medida “afectará la estabilidad laboral y económica de miles de familias inmigrantes que contribuyen legalmente al país”. Añadió que un simple retraso en la renovación “podría dejar a profesionales sin autorización para trabajar durante semanas o meses, causando pérdidas a los empleadores estadounidenses”.
La regla establece que solo algunos beneficiarios de programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán la extensión automática. El DHS argumentó que la medida permitirá detectar fraudes y excluir a solicitantes que representen riesgos, gracias a una revisión más frecuente de los antecedentes.
No obstante, el abogado Castro Lamberty advirtió que esta decisión podría incrementar la carga administrativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y agravar los retrasos históricos en el procesamiento de solicitudes.
“En lugar de agilizar y modernizar los procesos, podría provocar más demoras y dejar a miles de personas sin empleo temporalmente, aun cumpliendo con los requisitos legales”, sostuvo.
El letrado agregó que la medida contradice los esfuerzos de integración laboral y económica de inmigrantes calificados y beneficiarios de programas humanitarios, recordando que “trabajar en Estados Unidos no es solo un privilegio, sino una necesidad compartida que impulsa la economía y fortalece comunidades enteras”.