La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó dos leyes que enmiendan el Código Penal para incluir agravantes y penas de reclusión por agresiones cometidas contra funcionarios del orden público mientras cumplen con su deber.
Lee también | Ya es ley exigir consentimiento de tutores legales para abortos a menores de 15 años
Se trata de los Proyectos de la Cámara 580 y 581 ―de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y la coautoría del representante por el Distrito 9, Félix Pacheco Burgos― que ahora pasan a ser las Leyes 120 y 121-2025, respectivamente.
El P. de la C. 580 establece que todo delito cometido contra un funcionario del orden público mientras esté en el cumplimiento de su deber será considerado un agravante de la pena.
Para ello, se añadió un nuevo inciso (t) al Artículo 66 de la Ley 146-2012, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“Artículo 66— Circunstancias agravantes.
Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito:
- El convicto tiene historial delictivo que no se consideró para imputar reincidencia.
[…]
(s) El delito se cometió en la residencia o morada de la víctima.
(t) El delito se cometió contra un funcionario del orden público mientras estaba en el cumplimiento de sus deberes”.
Mientras, el P. de la C. 581 propone que la agresión contra los funcionarios del orden público sea considerada un delito grave, con una pena fija de cinco años de prisión.
Ante esto, se enmendó el Artículo 108 de la Ley 146-2012, según enmendada, para que lea de la siguiente forma:
“Artículo 108— Agresión.
Toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal, incurrirá en delito menos grave.
Si la agresión antes descrita ocurre contra un funcionario del orden público mientras este está en cumplimiento de sus deberes, será considerada como agresión grave y sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años".
El propósito de estas leyes es, supuestamente, proteger a los funcionarios del orden público mientras cumplen con su deber, buscando disuadir la violencia en su contra y reforzar la seguridad, y el respeto hacia ellos.