Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió una acusación formal (indictment) contra 26 personas y corporaciones vinculadas a un esquema de fraude que, según las autoridades, afectó al Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
La acusación, divulgada esta mañana en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, alega que los imputados participaron de una organización criminal dedicada a generar reembolsos contributivos ilegales y pagos fraudulentos, utilizando documentación falsa y empresas fachada.
De acuerdo con el indictment, los acusados conspiraron para defraudar al Gobierno de Puerto Rico y al sistema contributivo mediante la presentación de reclamaciones falsas y la manipulación de información financiera. El esquema habría generado beneficios económicos ilícitos en exceso de 10,000 dólares por transacción, según detalla la acusación federal.
Entre los imputados figuran individuos y entidades corporativas que habrían participado en la estructura financiera ilegal. Entre ellos se encuentran:
- Carlos A. Rodríguez-Ortiz
- Héctor J. Marrero-Muñoz
- Suhail Pastrana-Vega
- Rolando Bergolla-Hernández
- Rafael A. Tefel-Santana
- Gabrielle López-Berríos
- Patria Silfa-Báez
Además, se incluyen las corporaciones:
- Red Point Pizza and Restaurant Corp.
- Supermarket Hnos. Muñoz Inc.
- G Fitness & Body Performance LLC
- Veevo LLC
- Print Pro LLC
El documento judicial menciona que estas entidades habrían sido utilizadas para procesar transacciones fraudulentas, justificar ingresos inexistentes y transferir fondos con la intención de ocultar su origen ilegal.
Los imputados enfrentan múltiples cargos federales, entre ellos:
- Conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud)
- Fraude contra el Gobierno
- Lavado de dinero (money laundering)
- Robo de fondos públicos
- Declaraciones falsas
El indictment describe que la conspiración operó mediante la falsificación de documentos contributivos, reclamaciones infladas, coordinación de pagos ilegales y transferencias bancarias encubiertas dentro y fuera de Puerto Rico.
Como parte del caso, la Fiscalía federal solicitó el confisco de bienes y activos que sean producto del presunto esquema delictivo. Esto incluye cuentas bancarias, equipo tecnológico, propiedades y otros bienes relacionados con la conspiración criminal descrita en la acusación.
El caso fue asignado al juez federal Pedro A. Delgado-Hernández.