La distribución y venta de productos con cannabinoides sintéticos en establecimientos sin supervisión, como gasolineras o panaderías, así como su consumo, podrá ser prohibida a medida que avance la aprobación de un proyecto de la Cámara de Representantes.
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De acuerdo con el Proyecto de la Cámara (P. de la C.) 223, la venta libre de productos con tetrahidrocannabinol (THC) sintético ha generado una “crisis sanitaria emergente”.
Si bien el derivado del cannabis cannabidiol (CBD) no es una sustancia controlada ni causa efectos psicoactivos cuando proviene del cáñamo industrial, conocido en inglés como hemp, con niveles de THC inferiores a 0.3 %, se puede fabricar para generar THC de manera sintética. Entre las fabricaciones sintéticas, están Delta 8, Delta 10, Delta 6, THCV y Delta 9 THCO, y se pueden mercadear sin validación científica ni autorización de agencias reguladoras.
La medida, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, entonces faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), en adición a los esfuerzos de la Oficina para el Licenciamiento e Inspección del Cáñamo de Puerto Rico (OLIC), a regular y fiscalizar estos comercios por “prácticas comerciales que inducen a error al consumidor”.
“Luego de escuchar a médicos, científicos, padres de familia, representantes del Departamento de Salud, Agricultura y la Policía, y tras conocer de primera mano lo que ocurre en la calle con estos productos, entendimos que el problema no era de regulación, rotulación o venta; es un asunto de salud pública. Por eso ajustamos la medida para sacarlos del mercado. Es una acción necesaria para proteger a los ciudadanos, sobre todo, a los menores que muchas veces acceden a ellos sin control ni información”, explicó el también presidente de la Comisión de Salud de la Cámara.
Tras adquirir cinco productos de uno de los establecimientos, el representante ordenó unos laboratorios al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y halló, de manera preliminar, que tres no cumplían con las especificaciones legales. El ICF no tiene capacidad para probar niveles de metales, pesticidas u otras sustancias nocivas a la salud, pero pudo arrojar niveles de otros químicos no autorizados.
Familias denuncian jóvenes afectados por productos
El análisis presentado a la Comisión de Salud documenta casos de jóvenes que han sufrido episodios psicóticos, alteraciones cognitivas e, incluso, intentos de suicidio tras consumir cannabinoides de origen sintético o modificados químicamente.
Rodríguez Aguiló destacó el testimonio de Zulema Vázquez, madre de un joven cuya salud se deterioró tras el consumo de estos productos.
“La historia de Zulema no es un caso aislado; es un reflejo de una tendencia confirmada por la literatura científica. Su voz representa a cientos de familias que viven las consecuencias de un mercado sin supervisión. Su testimonio nos presenta la urgencia de aprobar esta medida”, sostuvo el legislador.
El informe advierte que muchos menores adquieren estos productos directamente o a través de adultos jóvenes sin verificación de edad.
“He conocido de casos en que menores terminan en salas de emergencia por ingerir o inhalar productos que compraron en una gasolinera, sin que nadie les pidiera identificación. Esto no puede continuar”, dijo el legislador novoprogresista. No podemos mirar hacia otro lado mientras se venden productos que ponen en riesgo la vida de nuestros jóvenes. Esta medida busca salvar vidas, proteger familias y establecer un sistema de control responsable”, puntualizó.
La pieza legislativa se elaboró tomando como referencia la legislación adoptada en Texas, California, Maryland, Wyoming, Virginia, Arkansas, Georgia, Tennessee y Alabama, jurisdicciones que ya han prohibido el uso o venta de productos con THC sintético por sus riesgos a la salud y la falta de mecanismos de control de calidad.
El representante agregó que el proyecto cuenta con el respaldo de profesionales de la salud mental y de organizaciones médicas que reconocen los riesgos de estos compuestos no regulados. Una vez aprobado en ese cuerpo legislativo, pasará al Senado para su evaluación.