La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó la distribución de $39.6 millones del Presupuesto del Año Fiscal 2026 para apoyar a los municipios en la prestación de servicios esenciales y reforzar la respuesta de emergencias médicas, según dos cartas enviadas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Del total, $30,657,894 corresponden al Programa de Servicios Esenciales Municipales, dirigido a 47 municipios con mayores retos fiscales. Estas partidas permitirán sostener servicios como seguridad, manejo de emergencias y operación administrativa básica, según explicó la JSF en la comunicación enviada a Orlando Rivera Berríos, director de la OGP.
Los municipios con mayores asignaciones en esta categoría incluyen a Coamo, Comerío, Corozal, Moca, Naranjito, Orocovis y Utuado, cada uno con $1 millón. Otros municipios como Morovis ($984,333), Barranquitas ($991,474), Adjuntas ($883,187) y Loíza ($925,533) también figuran entre los beneficiados principales.
La JSF también aprobó la distribución de $9 millones para el programa “Tercer Turno de Paramédicos” del sistema 9-1-1, que busca reforzar la capacidad municipal de respuesta médica de emergencia mediante la contratación de paramédicos para turnos nocturnos. Esta partida será distribuida entre 50 municipios bajo criterios basados en población, nivel socioeconómico y capacidad fiscal.
Entre los municipios que recibirán mayores fondos para este programa se encuentran Trujillo Alto ($342,501), Toa Alta ($337,970), Vega Baja ($267,256), Aguadilla ($265,556) y Cabo Rojo ($246,754).
En ambos programas, la distribución de fondos está sujeta al cumplimiento de requisitos administrativos y métricas establecidas. La OGP enviará un memorando especial a los alcaldes con los términos para participar en las asignaciones fiscales, según notificó la JSF.
Las comunicaciones oficiales fueron firmadas por Robert F. Mujica, Jr., director ejecutivo de la JSF.
La autorización de estos fondos llega en momentos en que los municipios libran una batalla en búsqueda de evitar que se firme una medida para congelar el impuesto al inventario, pues plantean que golpearía las ya debilitadas finanzas municipales.