Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y el Senado, Héctor Ferrer Santiago, Luis Javier Hernández Ortiz, Domingo Torres y Marially González Huertas, junto a sus respectivas delegaciones, exhortaron al liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se lleve a cabo la devolución del Proyecto de la Cámara 420, que propone la eliminación del impuesto al inventario, advirtiendo que su aprobación sin ajustes “pondría en riesgo las finanzas municipales y los servicios esenciales”.
“Ayer (el viernes) hubo un reclamo conjunto de ambas asociaciones de alcaldes, y de la Junta del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM). Hay consenso y coincidimos con el reclamo de los alcaldes: no se puede eliminar este impuesto sin identificar primero una fuente alterna de ingresos. Los Municipios no pueden perder un ingreso tan importante sin una transición responsable”, expresó Ferrer Santiago.
Los portavoces populares recalcaron que de no haber un mecanismo que sustituya los fondos para los municipios, la aprobación de la medida será “una crisis anunciada”.
“En el PPD hemos estado claros siempre, apoyamos las medidas que alivien la carga contributiva del sector privado, pero no puede ser a costa de desestabilizar a los municipios. Ninguna medida que afecte los ingresos municipales debe aprobarse sin antes garantizar que los servicios esenciales a la gente estén protegidos. Es lo lógico, lo justo y lo urgente”, añadió Hernández Ortiz.
Los legisladores advirtieron que el proyecto, tal como está redactado, representa una “amenaza directa” para la estabilidad fiscal de todos los municipios. Igualmente advirtieron que la medida pone en riesgo servicios como la seguridad, el mantenimiento de carreteras, el recogido de desperdicios sólidos, los programas deportivos y las ayudas a los adultos mayores, incluyendo los programas de amas de llaves y auxiliares en el hogar.
Del mismo modo, los legisladores populares aclararon que no tienen inconveniente en mantener el periodo de transición del impuesto al inventario al cual fue enmendado, pero insistieron que se debe establecer un mecanismo claro de sustitución fiscal antes de eliminar el tributo.
La resolución presentada por la Asociación y Federación de Alcaldes señala que el impuesto al inventario se congele por un periodo de cinco años, del 2026-2027 al 2030-2031, utilizando como base el año contributivo 2024, que generó $314.8 millones en recaudos y manteniendo la tasa contributiva vigente del año fiscal 2024-2025.
Además, propone que se incorpore un mecanismo de sustitución que garantice ingresos recurrentes a los municipios sin imponer nuevos impuestos ni afectar los niveles de abasto o los precios al consumidor.