La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el Segundo Presupuesto Revisado para el Año Fiscal 2026 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero colocó fuertes controles sobre el manejo del dinero público en el sistema energético y dejó claro que ningún fondo podrá moverse o reasignarse sin su aprobación previa por escrito.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón el 24 de octubre de 2025, la JSF informó que el nuevo presupuesto asciende a $4,580 millones en ingresos no consolidados y $3,635 millones en ingresos consolidados netos, balanceado antes de obligaciones heredadas como la deuda. La certificación se formaliza bajo la Sección 202(f) de la ley PROMESA.
“El presupuesto refleja un consenso entre el Gobierno, la AEE y esta Junta, y constituye un presupuesto conforme a la ley”, establece la carta certificada firmada por los miembros de la JSF.
Candado fiscal: sin reprogramaciones y con informes obligatorios
La JSF impuso las siguientes restricciomes:
- Prohibido utilizar sobrantes o fondos de años anteriores sin autorización escrita.
- Toda reasignación de partidas está prohibida, salvo para combustible y compra de energía.
- LUMA deberá entregar informes mensuales sobre el uso de fondos federales.
- La AEE sometará informes trimestrales de ejecución presupuestaria.
- Genera PR, LUMA y la AEE no podrán exceder gastos operacionales asignados.
“Ninguna asignación podrá ser reprogramada sin la aprobación expresa por escrito de la Junta”, advierte el documento.
Impacto en pensiones y financiamiento
El presupuesto incluye $307 millones para pensiones del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, respaldado por un préstamo del Gobierno central aprobado en julio. Sin embargo, la JSF subrayó que ese dinero solo podrá usarse para cubrir obligaciones de retiro y no puede desviarse a operaciones ni nómina. Hace dos meses, se comenzó a cobrar en la factura de los clientes un cargo para el pago de pensiones.
La AEE continúa en quiebra bajo el Título III de PROMESA desde 2017 y aún no ha completado su Plan de Ajuste de Deuda, lo que la convierte en la única corporación pública que sigue en proceso de reestructuración financiera federal. El presupuesto certificado mantiene la continuidad operacional de LUMA, Genera PR y las unidades de generación mientras avanza el litigio con los bonistas. Ante la jueza Laura Taylor Swain también está planteada la controversia contractual entre LUMA y la AEE.