Expertos en urbanismo y la Asociación de Constructores de Puerto Rico cuestionaron ante el Senado los proyectos 697 y 272, destinados a establecer un deslinde nacional y regularizar estructuras en la Parquera, porque carecen de criterios técnicos claros, afectan derechos de propiedad y no resuelven problemas de erosión costera ni pérdida de ecosistemas.
El arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, mejor conocido como “El Urbanista”, cuestionó la viabilidad del Proyecto del Senado 697, conocido como la Ley para el Deslinde Nacional del archipiélago de Puerto Rico. Según explicó, el proyecto se encuentra en un estado de inmadurez y carece de mecanismos claros para delimitar los bienes de dominio público marítimo-terrestre (BDPMT).
Cardona Roig señaló que la medida establece objetivos sin definir cómo alcanzarlos, y que no incorpora mecanismos efectivos de participación ciudadana.
“Este proyecto le niega al pueblo de Puerto Rico el espacio para participar activamente en este proceso”, dijo, destacando que la propuesta se basa en notificaciones mediante edictos en periódicos, un método que calificó de insuficiente.
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El urbanista también destacó que el proyecto confunde la adopción de una línea de costa con un deslinde nacional.
“La adopción de una línea de costa es importante, pero es distinto a un deslinde nacional”, precisó, indicando que la ley no resuelve los problemas técnicos relacionados con la definición de la zona marítimo-terrestre y los reglamentos vigentes.
Sobre el Proyecto del Senado 272, que busca regularizar estructuras en la Parquera, Cardona Roig criticó que se trate de edificaciones ilegales en bienes de dominio público.
“El proyecto contradice los objetivos de nuestra constitución y podría ser considerado inconstitucional”, afirmó. Señaló además que quienes se beneficiarían serían los ocupantes ilegales, incluyendo familiares de la gobernadora Jennifer González Colón.
Por su parte, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) coincidió en que los problemas identificados en el PS 697 son reales, como la falta de uniformidad en los deslindes, ocupaciones ilegales, erosión costera y deterioro de ecosistemas como manglares y arrecifes. Sin embargo, la organización cuestionó la eficacia del deslinde nacional propuesto.
Según la ACPR, la delimitación de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) no aborda problemas de erosión, pérdida de ecosistemas ni adaptación al cambio climático. Además, la medida carece de criterios técnicos claros para el deslinde y emplea un concepto de “ola de temporal” científicamente inapropiado, lo que podría generar incertidumbre jurídica y conflictos sobre derechos de propiedad privada.
La asociación estimó que la implementación del PS 697 podría requerir entre 50 y 100 millones de dólares, recursos que podrían destinarse de manera más efectiva a programas de restauración de ecosistemas, redes de estaciones mareales, adquisición de terrenos críticos y fortalecimiento institucional del DRNA.
“Estas inversiones alternativas generarían beneficios tangibles y medibles en protección costera en el corto y mediano plazo”, señalaron.
La ACPR recomendó establecer criterios mareales astronómicos claros, desarrollar un marco integral de manejo costero, proteger derechos de propiedad preexistentes y fortalecer las capacidades institucionales con participación de todos los sectores.