LUMA Energy presentó una nueva moción ante el Tribunal Federal bajo el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la que solicita autorización para transferir fondos y poder hacer los pagos de más de $305 millones en deudas operacionales que, según el consorcio, la corporación pública mantiene sin pagar desde hace meses.
De ese total, $202 millones corresponden a suplidores locales y contratistas del sistema eléctrico, mientras que $103 millones están relacionados a obligaciones de LUMA ServCo, entidad que maneja la operación directa de la red, incluyendo personal técnico, manejo de vegetación y mantenimiento de líneas.
En la moción, LUMA reclama que la AEE ha incurrido en una “retención deliberada e injustificada de fondos operacionales”, obligando a que múltiples empresas detuvieran servicios esenciales o se negaran a continuar trabajos por falta de pago. La empresa advirtió que la situación “representa un riesgo operativo real” para la estabilidad del sistema de transmisión y distribución.
“La Autoridad continúa reteniendo fondos necesarios para la operación diaria del sistema eléctrico, aun cuando tiene la obligación contractual de transferirlos”, plantea LUMA en su moción presentada ante la jueza Laura Taylor Swain.
LUMA busca prioridad de pago
En su petición, LUMA solicita al tribunal que clasifique estas deudas como reclamaciones administrativas prioritarias, lo que obligaría a la AEE a pagar antes de continuar con otros compromisos financieros bajo el Título III de la Ley PROMESA. Además, pide autorización para realizar transferencias directas entre cuentas para pagar a suplidores y personal crítico sin depender de la aprobación de la AEE.
El documento también señala que la falta de pagos ha tenido consecuencias operacionales:
- Supresión de horas extra del personal técnico
- Retrasos en reparación de líneas y postes
- Interrupciones en adquisición de materiales
- Reducción de trabajos de poda de vegetación
- Afectación a proyectos de estabilización de voltaje
Acusaciones a la AEE
LUMA responsabilizó a la AEE por lo que describió como “mala administración fiscal” y falta de cumplimiento con las obligaciones contractuales. Según el consorcio, entre julio de 2024 y junio de 2025 la AEE subfinanció en un 70% las operaciones requeridas para mantener en funcionamiento la red eléctrica.
La empresa alegó también en su radicación judicial que la falta de financiamiento afecta directamente a cientos de suplidores locales que emplean a miles de trabajadores en toda la isla.
Junto con la moción principal, LUMA presentó otros documentos procesales para viabilizar su petición entre los que incluye una moción para sellar evidencia confidencial.
La presentación ocurre en medio de un deterioro público en la relación entre LUMA y el Gobierno de Puerto Rico, y días después de que la Junta de Supervisión Fiscal advirtiera una crisis de liquidez operacional en el sistema eléctrico. Además, LUMA despidió a 160 empleados hace unos días.