El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) revocó cuatro decretos de exención contributiva y anuló otros 19 bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) y leyes anteriores, como parte de su más reciente ronda de fiscalización, informó hoy la agencia.
El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, explicó en una mesa redonda junto al director de la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN), Ernesto J. Zayas García, que en lo que va de año se han auditado 1,798 decretos, incluyendo los de individuos residentes inversionistas y negocios de exportación de servicios. Como resultado de estas acciones, se emitieron 305 notificaciones de deficiencia y se procesaron 887 entregas voluntarias de decretos por parte de sus beneficiarios.
La agencia también confirmó que la OIN mantiene colaboración activa con el Departamento de Hacienda y el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) en el intercambio de información y procesamiento de casos bajo investigación.
“Los incentivos son una herramienta poderosa para atraer inversión, pero conllevan la responsabilidad de cumplir con las condiciones establecidas por ley”, expresó Negrón Reichard. “Esta fiscalización no es un ejercicio punitivo, sino una medida de integridad institucional cónsona con el compromiso de la gobernadora de exigir rendición de cuentas y asegurar que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente aportan al desarrollo de Puerto Rico”.
Nuevos controles en solicitudes y supervisión
Negrón Reichard indicó que como parte de las medidas implementadas en 2025, toda solicitud de decreto para individuos residentes inversionistas ahora requiere:
- Certificación de antecedentes penales del país de residencia anterior.
- Revisión de récord criminal del mismo año en que se tramita el decreto.
- Verificación pública final antes de firmar el acuerdo contributivo.
Añadió que personas con convicciones por fraude o delitos graves no son elegibles para recibir incentivos.
Auditorías, multas y un comité evaluador
El DDEC también amplió este año la obligación de rendir informes anuales a 15 programas de incentivos, cuando antes solo aplicaba a cinco.
Por su parte, Zayas García informó que se creó un Comité de Auditoría de Cumplimiento, integrado por el subsecretario del DDEC, el director legal y miembros de la Oficina del Secretario. Este comité podrá evaluar referidos, imponer multas de hasta $10,000 y recomendar revocaciones cuando proceda.
Zayas destacó que se fortaleció además el uso de notificaciones de deficiencia, las cuales detallan incumplimientos, incluyen instrucciones correctivas y otorgan 20 días para presentar reconsideración.
Como parte del plan para endurecer la supervisión, la OIN adelantó que en 2026:
- Se realizarán auditorías por muestreo en todas las industrias bajo Ley 60.
- Se emitirán notificaciones automáticas de deficiencia.
- Se impondrán multas automáticas por no radicar el Informe Anual de Negocio Exento (IANE) a partir del 15 de enero de 2026, con una penalidad inicial de $1,000 que puede escalar hasta la revocación del decreto.