El Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) expresó su posición sobre el Proyecto del Senado 374, que propone permitir que empleados públicos sean destacados como Asistentes de Servicio (T1) de sus propios hijos con discapacidades severas. El secretario Eliezer Ramos Parés sostuvo que, aunque reconoce la intención positiva del proyecto, no recomienda la asignación de padres o tutores legales en estos roles.
Ramos Parés explicó que esta práctica “compromete la objetividad profesional, interfiere con los principios de independencia funcional, introduce conflictos de interés y puede limitar el desarrollo social del estudiante”.
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El DE planteó que, en lugar de ello, se debe fortalecer la capacitación, supervisión y profesionalización del personal especializado, para garantizar el bienestar integral de los estudiantes y la integridad del proceso educativo.
Contrario a esta postura, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, SEIU Local 1996 (SPT) manifestó su respaldo total al proyecto en un memorial del 20 de marzo de 2025.
La organización indicó que permitir que los padres sean asistentes “asegura una atención personalizada y eficiente para los estudiantes” y ayuda a enfrentar la escasez de personal en educación especial. El sindicato también destacó la necesidad de mejorar condiciones salariales y laborales, incluyendo reducción de la carga de trabajo, acceso a materiales adecuados, capacitación continua y reconocimiento administrativo.
Su ponencia subrayó que el proyecto puede ofrecer atención especializada y continua, reducir la escasez de asistentes, fortalecer la participación de los padres y optimizar recursos gubernamentales. Sin embargo, advirtió que su éxito dependerá de criterios claros de selección, capacitación obligatoria, supervisión constante, incentivos adecuados y coordinación interagencial para garantizar su sostenibilidad y efectividad.
Desde la perspectiva de los asistentes de servicio, Guillermo Betancourt Rodríguez, portavoz y T1, planteó desafíos operativos para implementar la medida.
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Entre ellos, mencionó que “posiblemente los empleados del servicio público que tienen hijos de Educación Especial trabajan en áreas sensibles dentro del Gobierno, afectando seriamente los servicios de seguridad, educación y salud al moverse a trabajar por destaque”.
Además, resaltó que la estabilidad laboral y un salario justo son fundamentales para que los asistentes puedan desempeñarse de manera efectiva. Betancourt recomendó realizar un estudio previo sobre la disponibilidad de padres empleados públicos para determinar la viabilidad real del programa.