La empresa LUMA Energy elevó su ofensiva judicial ante la jueza federal Laura Taylor Swain en el pleito con el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) al presentar una réplica en apoyo a su moción para hacer cumplir la suspensión automática (“automatic stay”) bajo PROMESA, alegando que el gobierno de Puerto Rico y sus agencias están actuando de forma coordinada con el propósito político de terminar su contrato.
En el documento de 29 páginas, radicado ayer jueves, LUMA sostiene que la demanda presentada por el DACO y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) constituye una violación directa a la protección de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al intentar anular la cláusula 4.1(g) de su contrato de operación y mantenimiento (OMA, en inglés). Esa cláusula otorga una exención de responsabilidad (“liability waiver”) a favor de LUMA.
Según la empresa, la acción del DACO no responde a un interés regulatorio, sino a una estrategia política. En apoyo a su alegato, LUMA cita declaraciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien el 1 de octubre, en entrevista radial, comparó la relación con el consorcio con un divorcio.
“La Gobernadora… ni siquiera intenta ocultar los verdaderos motivos del Gobierno… ‘El divorcio se está produciendo’, dijo en la radio nacional”, indica la moción.
LUMA advierte que si el tribunal local invalida la cláusula 4.1(g), el contrato colapsaría “en la práctica”, lo que —según la empresa— “arrojaría el proceso de reestructuración de PREPA al caos”. Además, subraya que DACO carece de autoridad sobre el acuerdo, ya que el Negociado de Energía es el único ente con jurisdicción sobre su contenido.
El consorcio también rechaza que el caso del DACO pueda ampararse en la excepción regulatoria de la ley de quiebras federal (11 U.S.C. §362(b)(4)), al argumentar que no persigue proteger al consumidor ni al interés público, sino promover demandas privadas.
El nuevo escrito se da en paralelo al litigio entre LUMA y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) por las seis disputas contractuales notificadas en julio, en el que el gobierno insiste en que deben resolverse mediante un experto independiente en un proceso confidencial y final. Ese caso también está bajo la consideración de la jueza Swain, quien evalúa si el tribunal de Título III tiene jurisdicción sobre la controversia.
Si Swain acoge los planteamientos de LUMA, el pleito incoado por DACO —que está ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico— quedaría paralizado y el contrato mantendría plena protección bajo la quiebra de la AEE.