Del CPI.
El ex contralor electoral Manuel Torres Nieves aseguró, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que es el único dueño de Politank, la compañía de cabildeo que fundó, en 2010, el ahora secretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech.
“Las acciones de Politank se dividen entre mi persona, como accionista principal, y la propia corporación”, dijo Torres Nieves, quien también asumió la dirección ejecutiva de la compañía el pasado 3 de enero, tras la salida de Domenech.
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Pero esta versión es contradictoria con la de quienes sostienen que existe más de un dueño detrás de Politank, como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien afirmó, en mayo, que hubo “unos socios pasivos que le prestaron un dinero a Politank” para facilitar la salida de Domenech. Rivera Schatz no contestó al CPI de dónde surge esa información.
Las expresiones del senador penepé sobresalen al considerar que el nuevo dueño de Politank fue secretario del Senado durante la primera presidencia de Rivera Schatz (2009-2012), quien luego lo confirmó en 2012 como el primer contralor electoral de Puerto Rico. En 2017, Torres Nieves renunció a ese cargo y, al otro día de su salida, regresó como secretario del Senado, presidido otra vez por Rivera Schatz. En 2020, el presidente del Senado intentó impulsar sin éxito como contralor de Puerto Rico a quien hoy asegura ser el único dueño de Politank.
A preguntas del CPI, Torres Nieves aseguró que Politank “nunca ha contado, ni cuenta en la actualidad, con socios pasivos”, y que la compañía tampoco ha recibido “inversión de capital de terceros, ni tiene compromisos verbal o escrito de otorgar beneficios financieros a individuos que no sean accionistas”.
Es muy poco lo que se conoce sobre la transacción que realizó el ahora secretario de la Gobernación para desvincularse de Politank. En abril, durante su vista para su fallida confirmación como secretaria de Estado, su esposa, Verónica Ferraiouli, dijo que “Politank compró sus propias acciones”, que el acuerdo se firmó “el 20 o 21 de diciembre” de 2024, y que su Informe Financiero de Ética detalla el precio de venta.
Pero nunca se supo públicamente por cuánto dinero exactamente se vendió Politank ni, quizás más importante, a quién le pertenece la compañía tras la salida de Domenech. El informe financiero es confidencial, según la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), y solo está disponible para la inspección de los legisladores como parte del proceso de confirmación.
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Sin embargo, la OEG dijo, al CPI, que “la transacción relacionada a Politank está reflejada en las secciones 8 y 14 del documento”, que corresponde a la información de cuentas por cobrar del declarante y transacciones de ventas, respectivamente. Esta afirmación contrasta con lo que han dicho tanto Domenech como Torres Nieves, quienes aseguran que hubo un solo pago a Domenech por su participación en Politank.
La OEG añadió que todavía continúan las auditorías sobre los informes financieros presentados por Ferraiuoli y por Domenech, y que están en su etapa final.
Desde junio, el CPI solicitó una entrevista con el secretario de la Gobernación, pero pese a múltiples intentos de seguimiento a la solicitud, Domenech nunca estuvo disponible para atender preguntas de este tema.
En mayo, el funcionario —quien tiene amplios poderes sobre la contratación gubernamental— dijo a El Nuevo Día que antes de asumir el cargo público el 2 de enero, “dejé de ser oficial, director, accionista, empleado y contratista” de Politank.
Los clientes de Politank
De las 25 compañías que Politank identifica como clientes en el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia, al menos 12 han conseguido o renovado contratos durante esta administración, por más de $295 millones, encontró una investigación del CPI.
La lista de clientes de Politank incluye a Elevance Health, compañía matriz de la aseguradora MMM; Centuria Opportunities Fund, un fondo de inversión que desarrolla un proyecto de viviendas de lujo en el Distrito del Centro de Convenciones; la empresa dueña de TeleOnce, Lieberman Media Group; Duncan Solutions, la matriz de la compañía que está a cargo de AutoExpreso, Professional Account Management (PAM); la compañía de consultoría Intervoice Communications; y TURO, una plataforma de uso compartido de autos, tipo Airbnb, que anunció este año su intención de entrar al mercado local.
En enero, TURO consiguió su permiso ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos para operar en Puerto Rico, mientras que, en julio, la Autoridad de Carreteras y Transportación extendió el contrato de AutoExpreso con PAM hasta el 2027, a pesar de que el Gobierno ordenó en 2022 sustituir al contratista tras un ataque cibernético. En julio, la aseguradora MMM obtuvo $246 millones en contratos con la Administración de Seguros de Salud.
El pasado 1 de octubre, Intervoice obtuvo un contrato de $14.1 millones en el Departamento de Salud para servicios de gerencia de proyecto.
También figura como cliente Grupo Editorial Mundo (GEM), que publica revistas especializadas en temas de salud como Medicina y Salud Pública, donde el expresidente del Senado y cabildero de Politank, Kenneth McClintock, mantiene un podcast. En mayo, Mundo Editorial Inc., una compañía que pertenece a GEM, firmó un contrato con Salud por $244,600 para planificar el evento Encuentro de Capacitación de Avanzada en Gestión de Respuestas para Emergencias de Salud Pública. En junio, obtuvo otro contrato, por $85,300, esta vez para el Primer Encuentro de la Red de Colaboradores para Atender la Crisis de Sustancias Psicoactivas. En junio, un día antes de la fecha del evento, Mundo Editorial firmó un tercer contrato con Salud, por $149,207, para organizar una capacitación para el personal de enfermería escolar.
En agosto, Mundo Editorial Inc. radicó quiebra en el tribunal federal, bajo el capítulo 11 de reorganización.
Politank también aumentó el número de clientes. Mientras que en el 2025 la firma de cabildeo identificó 25 clientes, en el 2019 solamente tenía cinco en el Registro de Cabilderos de Justicia.
Uno de sus nuevos clientes es la compañía de reconstrucción Horne LLC, que antes aparecía como cliente de Globalize, otra compañía de cabildeo. Desde 2018, la compañía lleva más de $349 millones en contratos, en su mayoría para proyectos de reconstrucción a través del Departamento de la Vivienda. En abril pasado, Horne obtuvo su primer contrato con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de $3.9 millones, para administrar un programa federal para financiar la instalación de placas solares que la administración Trump canceló en agosto.
Recientemente, se anunció que la empresa multinacional de contabilidad BDO regresaría a la Isla luego de adquirir las operaciones —y los contratos— de Horne en Puerto Rico.
En marzo, el Departamento de Educación adjudicó un contrato de $122 millones para instalar y monitorear cámaras de seguridad en escuelas públicas a GM Sectec, una subsidiaria de GM Holdings, otro cliente de Politank.
Pero en mayo, la Junta Revisora de Subastas revocó esta subasta y ordenó realizar un nuevo proceso competitivo tras encontrar fallas en las propuestas sometidas por las dos compañías participantes —GM Sectec y Genesis Security— así como en el proceso que siguió Educación para adjudicar este contrato.
La discusión pública en torno a esta subasta, incluyendo una presunta intervención de Domenech a favor de clientes de Politank, llevó a Rivera Schatz a presentar una resolución para investigar lo que ocurrió con esta subasta.
En aquel momento, Domenech rechazó haber intervenido a favor de GM Sectec, como cliente de Politank.
“Es falso que haya atendido asuntos de Politank, que haya referido sus clientes a agencias de gobierno o terceros, o que le haya recomendado a alguien contratar sus servicios. Pretender vincularme a cualquier gestión relacionada con dicha compañía es faltarle a la verdad”, aseguró Domenech a El Nuevo Día.
El pasado 30 de junio, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside Rivera Schatz, emitió un informe final sobre la Resolución del Senado 180, en el que concluye que “la actuación de la Junta de Subastas fue irregular”, al otorgar una subasta “sin justificación económica válida”, que “no se ajustó plenamente a la ley ni a sus propios reglamentos”.
Sobre “potenciales conflictos de interés e influencias externas preocupantes”, el informe señala que “si bien no se evidenció corrupción directa; estas circunstancias, aun en el plano de la apariencia, minan la confianza pública en la limpieza del proceso”.
El pasado 15 de septiembre, el informe final fue retirado y devuelto a la Comisión, según el sistema electrónico de trámite legislativo.
La transacción de compraventa, según Politank
Torres Nieves dijo que, para lograr la salida de Domenech de Politank, se realizó una recompra de acciones, o “share buyback”, donde la compañía pagó una suma de dinero a Domenech, que no se sabe cuánto es, a cambio de su participación en Politank.
Este tipo de transacción se da, por ejemplo, cuando alguno de los dueños desea salir de la compañía ya sea para acogerse al retiro o, en el caso de Domenech, para ocupar un cargo público que le impide mantener una relación con la compañía. Para pagarle al socio que sale, la compañía puede usar dinero de su propio capital o emitir deuda, como sería un préstamo.
En esta transacción, no hubo préstamo y el dinero vino de Politank, según la explicación de Torres Nieves.
El informe anual más reciente de Politank en el Departamento de Estado refleja que entre 2023 y 2024, año en que ocurrió la supuesta compra de la participación de Domenech, el capital de Politank se quintuplicó, de $1 millón a $5.1 millones.
Torres Nieves dijo que supo del interés de Domenech —a quien describió como su amigo desde hace 20 años— de “vender y retirarse de la compañía” y decidió comprar la compañía. Sin decir la cuantía, Torres Nieves indicó que Politank “realizó un pago por la totalidad del valor de las acciones al licenciado Domenech”, quien “se separó totalmente de la firma y no quedó ningún compromiso de pago o de empleo”.
Tanto Domenech como Ferraiouli han insistido en que no existe ningún impedimento ético ya que la transacción se pagó “en su totalidad” el 1 de enero, un día antes de asumir sus cargos públicos, por lo que ya no existía, según ambos, interés económico en la compañía.
La OEG dijo al CPI, sin embargo, que parte de la transacción de Politank fue reportada bajo la sección 8 del Informe de Ética, que solo incluye cuentas por cobrar producto de contratos o negocios, y dinero prestado a cualquier persona en exceso de $1,000.
Como secretario de la Gobernación, Domenech ostenta amplios poderes sobre los procesos de contratación en el Gobierno. Los cuestionamientos de presuntas influencias indebidas y favoritismo alrededor de la empresa de cabildeo Politank han estado presentes desde el comienzo de la administración González Colón. El presidente del Senado ha mencionado a Politank en casi una decena de mensajes alusivos a posibles irregularidades dentro de la actual administración.
“¡Si alguien sabe o cree que hubo peticiones o presiones indebidas por ejemplo, de Politank, (sus socios activos o pasivos) en representación de sus clientes (pasados, presentes o futuros), o alguna intervención de la Fortaleza o de la Asamblea Legislativa se debe acudir a las autoridades locales y federales! Es fácil y rápido. ¡Es un deber!”, escribió en sus redes sociales el presidente del Senado el viernes 19 de septiembre.
El lunes siguiente, Rivera Schatz rechazó dar paso a una comisión total que investigue los señalamientos relacionados a PRITS y el retiro de nombramientos a esta oficina por presuntas presiones de contratistas y cabilderos, por entender que no era prudente investigar el proceso de evaluación que él mismo, como senador, llevó a cabo.
Sobre Politank, Rivera Schatz reiteró que hay más de un dueño, que permanecen “anónimos” y que desconoce si Domenech mantiene algún tipo de relación con la compañía de cabildeo porque “no he visto esa transacción”, a pesar de que meses antes, durante el proceso de confirmación de Ferraiuoli, tuvo acceso al Informe de Ética que tiene información sobre este asunto, según aseguró la entonces nominada a secretaria de Estado.
Torres Nieves dijo al CPI que las imputaciones hechas contra Politank y los rumores de posibles dueños vienen de “grupos con diversos intereses económicos y personales en contra de Politank”, para “ejecutar sus intereses de venganza personal y corporativa, y adelantar sus propios intereses económicos”.
El “cuento de camino” de los nuevos dueños de Politank
Tres fuentes ligadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) dijeron por separado al CPI que al interior del partido se dice que el cabildero y dueño de la compañía de cabildeo Globalize LLC, Alfredo Escalera Navarro, habría puesto al menos parte del dinero que facilitó la transacción de compra de Politank.
Entre 2001 y 2004, Escalera fue vicealcalde de San Juan durante la incumbencia de Jorge Santini. En el 2009, fundó Globalize.
El CPI contactó a Escalera Navarro para una entrevista, a la que no accedió, y le solicitó reacción sobre su presunta relación con Politank. El también doctor en medicina contestó con una declaración jurada, pero solicitó que no se publicaran sus expresiones para el récord.
En septiembre, en declaraciones a El Nuevo Día, Escalera y Domenech rechazaron cualquier vínculo entre Globalize y Politank.
El principal ejecutivo de Politank, Torres Nieves, también rechazó cualquier relación entre la compañía que lidera y Escalera Navarro, ya sea directamente o mediante alguna entidad corporativa.
“No. El Dr. Escalera no tiene ninguna relación con Politank”, dijo.
Según Torres Nieves, las versiones detrás de la compra de Politank, incluyendo la que implica a Escalera, vienen de “cabilderos no registrados, analistas políticos, que también fungen como cabilderos, con intereses económicos que buscan hacerle daño tanto a Politank como a sus clientes”. Cuando el CPI insistió en conocer la identidad de estas personas, Torres Nieves rechazó identificarlos.
Según él, cumplir con el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia, como requiere la ley, “ha servido para que cabilderos no registrados, que incluyen bufetes de abogados, e individuos, y las compañías que los contratan utilicen la información divulgada en los registros para su beneficio económico, mediante cuestionamientos de todo tipo, siempre ‘con fuentes anónimas o de entero crédito que no podemos divulgar’, sin ninguna evidencia, solo el viejo lema de ‘repítelo que algo queda’”.
Viejos conocidos desde el Senado
“¿Quién compró Politank?”, le preguntó en su programa de televisión la excandidata a la gobernación por Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro Aponte, al expresidente del Senado y ahora cabildero, Kenneth McClintock, durante una entrevista en televisión el pasado 28 de abril.
“Esa pregunta tendrías que hacérsela a quien vendió. [...] No estuve envuelto en eso. Solo soy un empleado contratista de Politank. No tengo ninguna titularidad”, contestó McClintock. También dejó entrever que el número de clientes representados por Politank había aumentado este año, al decir que “tenemos más clientes” y que “nunca habíamos tenido más de 21 o 22 clientes”.
“O sea que hay otra persona de carne y hueso detrás de Politank que no es Francisco Domenech”, insistió Lúgaro.
“O personas”, aclaró McClintock, abriendo la posibilidad a que haya más de un accionista, lo que contradice la versión de su jefe, Torres Nieves, quien asegura ser el único dueño de Politank.
Dos semanas después, en ese mismo espacio televisivo, Rivera Schatz reaccionó a las expresiones de McClintock: “Kenneth sabe quién la compró. Kenneth sabe quiénes son los dueños. Kenneth sabe cuál es la dinámica con Politank. Él la sabe. Esa entrevista, guárdala, porque quizá más adelante sea útil”.
Luego, en esta misma entrevista, Rivera Schatz dio su propia versión: “Hay unos socios pasivos que le prestaron un dinero a Politank, y Politank compró”.
El presidente del Senado no contestó preguntas del CPI sobre de dónde surge esta aseveración.
McClintock rechazó conversar con el CPI para esta historia. Sí indicó por escrito que “contrario a lo que sugirió al aire Rubén Sánchez [en WKAQ 580], no soy ni he sido socio ni he tenido participación en la titularidad de la firma. Mi relación ha sido de empleado o contratista prestando servicios de cabildero”.
La historia de Politank comienza en el Senado de Puerto Rico hace 20 años, cuando McClintock presidía el cuerpo entre 2005 y 2008. Fue en 2005 cuando coincidieron en el Capitolio: McClintock como presidente del Senado, Torres Nieves como secretario y Domenech como asesor legal y director de la Oficina de Servicios Legislativos, donde trabajó hasta finales de 2008.
En el 2010, Domenech fundó Politank y en el 2013, McClintock se unió a la compañía de cabildeo, al terminar funciones como Secretario de Estado bajo el exgobernador Luis Fortuño.
Desde entonces, el dúo cabildeó a favor de clientes como el Colegio de Médicos y Cirujanos —presidido entonces por el ahora secretario de Salud, Víctor Ramos Otero— y hasta por un grupo de fondos buitre que compró parte de la deuda del Gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica. También trabajaron juntos en la política partidista, dentro del Partido Demócrata en Puerto Rico, entre 2004 y 2016. Han sido delegados de Puerto Rico a la Convención Nacional Demócrata, y estuvieron al frente de las campañas presidenciales de Hillary Clinton en Puerto Rico en el 2008 y 2016.
Domenech, al mismo tiempo que lideró Politank, dirigió las últimas tres campañas de González Colón: a la comisaría residente en 2016 y 2020, y a la gobernación en 2024. Su esposa, Verónica Ferraiouli, trabajó como asesora y subdirectora en la oficina de la ex comisionada residente en Washington. A la vez, Ferraiouli representó a Politank en los tribunales, de manera pro bono, dijo durante su vista de confirmación.
Antes de ocupar el cargo público más cercano a la Gobernadora, Domenech, a quien González considera su amigo desde hace muchos años, debía salir de Politank. Una resolución corporativa firmada por Domenech el 19 de diciembre nombra a Torres Nieves como presidente de la compañía efectivo el 3 de enero.
En el 2021, tras su confirmación fallida como Contralor de Puerto Rico, Torres Nieves estableció su propia compañía de consultoría, Legisgov Consulting Group LLC.
En tres años, Legisgov ha tenido más de $1 millón en contratos con el Gobierno, según la Oficina del Contralor, en entidades como la Autoridad de Alianzas Público Privadas, la Administración de Servicios Generales, el Senado y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, este último como parte del equipo de transición de la Gobernadora.
Aunque Torres Nieves está registrado como cabildero y al frente de Politank, su empresa Legisgov renovó en julio un contrato de $90,000 que tiene desde 2024 con la Comisión Industrial. Según dijo al CPI, los servicios bajo este contrato son de seguimiento y monitoreo legislativo, asesoría en procesos gubernamentales y relaciones con organizaciones laborales.