La jueza federal Laura Taylor Swain resolvió el lunes que el Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado bajo la Ley PROMESA no impide que continúen las demandas por daños y perjuicios presentadas contra funcionarios y exfuncionarios públicos en su carácter personal.
“Recibimos con entusiasmo la orden de la jueza Swain, quien abre con esta determinación la posibilidad de encontrar justicia para todas las personas cuyos derechos han sido violentados por funcionarios o exfuncionarios que, bajo el manto del proceso de reestructuración de la deuda pública, han caminado hasta ahora con impunidad en la libre comunidad”, expresó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico.
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“Este fallo sienta un precedente crítico sobre los límites de la Ley PROMESA para eximir a los funcionarios públicos de las consecuencias de sus actos y provee una referencia indispensable para que la crisis fiscal no sirva como pretexto para erosionar la responsabilidad individual por violaciones de los derechos civiles”, destacó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico.
El caso está relacionado con la demanda presentada por Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González, quienes alegan violaciones de derechos civiles durante una manifestación el 1 de mayo de 2018 en San Juan.
Los demandados, en su carácter personal, son el renunciante exgobernador Ricardo Antonio Rosselló Nevares y el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
La jueza Swain determinó en su orden del 30 de septiembre de 2025 que el Plan de Ajuste y las órdenes emitidas bajo PROMESA cubren únicamente las responsabilidades directas del Estado Libre Asociado y sus entidades, no las de funcionarios individuales. Además, rechazó los argumentos del gobierno basados en la Ley Núm. 9 de 1975, al establecer que la promesa de indemnización no altera la naturaleza de la responsabilidad personal.
Swain también ordenó a la Junta de Control Fiscal y al gobierno notificar a las partes en todos los casos donde invocaron previamente la paralización, que el Tribunal dictaminó que el Plan del Ajuste “no prohíbe el enjuiciamiento de reclamaciones contra funcionarios o exfuncionarios públicos en sus capacidades personales”. La notificación deberá realizarse en o antes del 15 de octubre de 2025.