La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado celebró una vista pública el martes sobre la Resolución del Senado 217, medida que busca evaluar la política pública vigente y las necesidades en torno al cuido prolongado en la isla, incluyendo hogares de envejecientes, residencias asistidas y centros de cuido diurno.
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Durante la vista, el Departamento de la Familia reconoció la urgencia de actualizar la Ley 94-1977 y admitió que aún existen vacíos de información sobre la capacidad y condiciones de las instituciones.
Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) señaló la falta de protocolos claros para atender condiciones como la demencia y la depresión en estos espacios.
La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) expuso que las quejas más frecuentes de familiares de residentes incluyen maltrato, negación de visitas y falta de transparencia.
Mientras, la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) advirtió que la ausencia de una política pública integrada ha dificultado la planificación estratégica y el desarrollo de modelos sostenibles.
Asimismo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico subrayó la necesidad de armonizar la Ley 94 con la Ley 121-2019 y el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable. En esa línea, AARP Puerto Rico destacó que el actual modelo está fragmentado y necesita un rediseño completo, recordando que más del 80 % de los adultos mayores prefiere permanecer en sus hogares con apoyos comunitarios.
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La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) planteó que el proceso de licenciamiento es oneroso y burocrático, y pidió reconocer el cuido prolongado como un servicio esencial. La Oficina del Procurador del Paciente (OPP) alertó sobre hallazgos en inspecciones, como medicamentos expirados y deficiencias en tratamientos, y reclamó mayores recursos para intensificar la fiscalización.
“La Ley 94 fue pionera, pero hoy resulta insuficiente. Es urgente rediseñar el sistema de cuido a largo plazo para garantizar dignidad, seguridad y calidad de vida a nuestra población envejeciente”, expresó el senador Jamie Barlucea Rodríguez.
Todos los deponentes coincidieron en que la legislación actual ya no responde a la realidad del país. La Comisión continuará con vistas públicas y ejecutivas antes de presentar un informe legislativo con hallazgos y recomendaciones.