La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, seguirá recibiendo escolta oficial, a pesar de haberse declarado culpable por corrupción a nivel federal, así lo confirmó el superintendente de la Policía, Joseph González, durante una conferencia de prensa en la mañana del lunes.
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González explicó que esta decisión se basa en el marco legal vigente y en una opinión jurídica solicitada por la Policía.
“La escolta de los exgobernadores de Puerto Rico es un derecho adquirido reconocido jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso (Rafael) Hernández Colón. La legislación actual no establece disposición alguna que contemple la pérdida de dicho derecho por una convicción en el foro federal o estatal. La única manera de revocar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable de forma respectiva”, comenzó diciendo a la prensa.
Continuó: “En consecuencia, aun cuando la gobernadora Wanda Vázquez se declaró culpable en el Tribunal Federal, la Policía de Puerto Rico no puede, bajo la normativa vigente, eliminarle la escolta, salvo que exista una legislación nueva que expresamente contemple esa limitación o que ella renuncie a dicho beneficio. Se debe mantener la escolta conforme a lo dispuesto en la Ley 83 2025 y jurisprudencia previa hasta tanto la asamblea legislativa lo cambie”.
El superintendente indicó que la decisión fue discutida con la actual gobernadora, Jennifer González Colón, quien fue informada del marco legal que impide la revocación de este derecho sin una ley que lo modifique.
“Le dije a la gobernadora que esto es lo que decía la ley”, sentenció el funcionario.
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El pasado 27 de agosto, cuando la exgobernadora se declaró culpable en un tribunal federal, la Uniformada había solicitado una opinión legal para determinar si correspondía retirar la escolta.
Días después, González aclaró que el equipo legal de la Policía estaba revisando la situación en conjunto con los abogados de La Fortaleza.
La exmandataria se convirtió en la primera exgobernadora convicta en la historia de Puerto Rico tras aceptar culpabilidad por un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), como parte de un acuerdo negociado con la Fiscalía federal en Washington D.C. que permitió descartar cargos más graves.
El cargo específico fue aceptar y recibir aportaciones de un extranjero para fines de campaña política, lo cual está prohibido por la FECA.
Como parte del proceso, también se declararon culpables sus coacusados, el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, y el exagente del FBI, Mark Rossini, quienes admitieron responsabilidad por canalizar y ofrecer aportaciones extranjeras ilegales a campañas políticas, en violación a la misma ley.
La vista de sentencia fue citada para el próximo 15 de octubre.