El Gobierno de Puerto Rico defendió su autoridad para administrar el contrato de operación y mantenimiento del sistema eléctrico en una moción radicada este sábado, al responder al pleito que presentó LUMA Energy en el Tribunal Federal en un intento por trasladar la controversia contractual al proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El escrito, presentado por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), plantea que el contrato firmado en 2020 (OMA, por sus siglas en inglés) dispone que las disputas deben resolverse ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, y no en el foro federal que atiende los casos bajo la ley PROMESA.
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La movida surge justo después que la Junta de Control Fiscal planteara ante la jueza que las disputas si pueden afectar el proceso de Título III de la AEE.
El Gobierno sostiene que la Junta de Control Fiscal (JCF) no puede intervenir como representante de la AEE en este litigio, ni alterar las disposiciones contractuales que ella misma avaló cuando aprobó el acuerdo.
“LUMA trajo este pleito ante el Tribunal Federal en abierta contravención de un pacto contractual que exige litigar en el foro local. La Junta no puede ahora hablar por la AEE ni reinterpretar los términos que ella misma aprobó”, sostiene la contestación radicada por AAFAF.
Esta moción complementa la respuesta presentada por el Gobierno el pasado 17 de septiembre, cuando solicitó la desestimación de la demanda radicada por LUMA y la denegación del interdicto preliminar que buscaba detener el proceso iniciado por la AAPP.
En esa primera moción, la AAPP y la AEE plantearon que LUMA intenta dilatar el proceso de evaluación técnica y evadir responsabilidad por presuntos incumplimientos contractuales, mientras el Gobierno busca que las controversias sean atendidas conforme al mecanismo de experto independiente establecido en el OMA.
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El Gobierno subrayó entonces que dicho procedimiento es vinculante y confidencial, y forma parte del diseño original del contrato para atender disputas técnicas. También recalcó que el foro estatal, no el federal, es el competente para intervenir en caso de que se requiera revisión judicial.
Con la moción de este sábado, el Gobierno refuerza su postura, añadiendo que la Junta carece de autoridad contractual para sustituir a la AAPP o a la AEE en la administración del acuerdo, y que las disposiciones de jurisdicción local siguen vigentes.
Trasfondo del pleito
El caso surge de una demanda presentada por LUMA el 25 de agosto, en la que la empresa solicita que seis controversias sean tratadas como “Disputas Técnicas” y, por tanto, resueltas en un proceso público mediante mediación o litigio.
El Gobierno rechaza esa clasificación y sostiene que las controversias —relacionadas con el manejo de fondos federales, auditorías, ingresos, vegetación, el apagón del 16 de abril y cobro de derechos de poste— deben seguir el proceso técnico confidencial ante un experto independiente, conforme dispone el contrato.
Entre los señalamientos del Ejecutivo figura que LUMA no ha cumplido con obligaciones esenciales como la agilización de proyectos financiados con fondos federales, la reducción de costos y la mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico.
La jueza Laura Taylor Swain deberá decidir si el caso permanece bajo jurisdicción federal dentro del proceso de quiebra de la AEE o si corresponde su traslado al foro local, conforme a la cláusula de selección de foro del OMA.