La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respaldó que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico mantenga jurisdicción sobre el pleito radicado por LUMA Energy contra el Gobierno de Puerto Rico, al sostener que las controversias planteadas por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) están estrechamente vinculadas al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de PROMESA.
En un comunicado emitido hoy domingo, la Junta destacó que la transformación energética de Puerto Rico —recogida en el Plan Fiscal de la AEE— depende de la participación de operadores privados, y que el resultado de este litigio incide directamente sobre la implementación del plan de ajuste de deuda.
PUBLICIDAD
“Dado que el contrato OMA es relevante para el caso de Título III, la Junta apoya la posición de que el Tribunal Federal tiene jurisdicción y es el foro adecuado para atender la controversia”, señaló el organismo.
El ente fiscal, no obstante, aclaró que no toma postura sobre los méritos de las seis disputas notificadas por la AAPP a LUMA ni sobre su clasificación como Disputas Técnicas u Ordinarias. Según la Junta, la AAPP seleccionó a LUMA y sigue siendo responsable de hacer cumplir los términos del contrato de operación y mantenimiento (OMA, por sus siglas en inglés).
Postura en el expediente judicial
La declaración pública coincide con la réplica radicada por la Junta el 25 de septiembre, en la que argumentó que las controversias afectan activos y derechos contractuales de la AEE y, por tanto, deben resolverse en el foro federal de Título III, bajo la supervisión de la jueza Laura Taylor Swain.
La JSF planteó que el OMA constituye un activo esencial para la viabilidad financiera de la corporación pública y que cualquier determinación judicial podría impactar la ejecución del Plan de Ajuste. Según el ente, permitir que el pleito continúe en un tribunal estatal pondría en riesgo la uniformidad del proceso de reestructuración y contravendría la jurisdicción exclusiva conferida por PROMESA.
“Ni los litigantes ni el contrato T&D OMA pueden desplazar la jurisdicción exclusiva que el Congreso otorgó al tribunal de Título III”, puntualizó la Junta en su escrito.
PUBLICIDAD
Respuesta del Gobierno
El Gobierno de Puerto Rico, representado por la AAPP y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), respondió el sábado 27 de septiembre con una moción en la que rechazó la intervención de la Junta, alegando que el ente no es parte del contrato y carece de autoridad para representar a la AEE.
La AAPP sostuvo que el contrato OMA establece expresamente que las controversias deben ventilarse en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y que la Junta, al avalar ese acuerdo en 2020, consintió en dicha cláusula de foro.
El pleito, presentado por LUMA Energy el 25 de agosto, busca que el tribunal determine que seis disputas —sobre fondos federales, auditorías, ingresos, vegetación, el apagón del 16 de abril y derechos de poste— son Disputas Técnicas, resolubles por un experto independiente bajo un proceso confidencial.
El Gobierno rechaza esa clasificación y reclama que se trata de controversias ordinarias, sujetas a mediación y litigio público en el foro estatal.
La jueza Laura Taylor Swain deberá decidir si el caso permanece bajo jurisdicción federal dentro del proceso de Título III o si corresponde su traslado al foro judicial local, conforme a la cláusula de selección de foro del OMA.
La decisión establecerá qué tribunal atenderá las disputas contractuales entre LUMA y el Gobierno y quién tiene la autoridad final para representar a la AEE en la administración del contrato.