El doctor David Figueroa Betancourt, nominado para la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos exhortó a los miembros del Senado de Puerto Rico que evalúen su nombramiento con “objetividad” ante señalamientos que se han hecho en su contra.
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La petición se dio durante la vista de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, liderada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
“Nosotros tenemos un interés genuino en asegurarnos de tener a la mejor persona defendiendo a nuestro sector de la población que tiene algún impedimento físico, pero también entendemos el planteamiento que han hecho algunos opositores. Específicamente dueños de negocios que entienden que se reclamó contra ellos de manera frívola y con algunas determinaciones del tribunal en esos extremos, pero nosotros vamos a seguir evaluando la documentación”, expresó Rivera Schatz.
Figueroa Betancourt hizo hincapié en que las reclamaciones legales que ha presentado en el pasado responden estrictamente a la eliminación de barreras arquitectónicas al amparo de la Ley Federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), rechazando que hayan tenido fines económicos o personales.
“Nunca recibí dinero por esas reclamaciones, al contrario, representaron un gasto familiar”, aseguró. Añadió que el Tribunal Supremo, en la resolución AB-2024-0101, él no fue nombrado y desestimó alegaciones de demandas frívolas.
Igualmente, los vínculos que se asegura tiene con el licenciado José Carlos Vélez Colón en el contexto de la Defensoría, y aseguró que su representación legal en el pasado fue estrictamente en carácter personal y que no tiene relación contractual con él.
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El nominado, propuso convertir la oficina en una institución ágil y cercana a la gente, promover la educación inclusiva y la empleabilidad, y fortalecer la colaboración multisectorial para eliminar barreras arquitectónicas. Subrayó que la verdadera riqueza de Puerto Rico está en la diversidad de su gente.
El doctor Figueroa Betancourt cerró su ponencia solicitando al Senado evaluar su designación “con objetividad y sobre la base de hechos verificables, y no de percepciones”.
Sin embargo, reconoció que, de buscarse en el cargo a alguien que defienda otros intereses ajenos a la misión de la Defensoría, “ese no soy yo”.
El portavoz de minoría por el Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández resumió las ocho demandas de Figueroa Betancourt contra comercios de comida, representado por el licenciado Vélez Colón, ocho días antes de ser nominado al cargo. En ningún caso pudo demostrar que realmente estuvo presente en los lugares demandados.
Del mismo modo, el 8 de agosto el nominado presentó una resolución de “desistimiento con perjuicio” en todos los casos. “En mi carácter privado había estado pidiendo que se reclamaran accesibilidad en esos lugares. Cuando me nombran, me percato que puede ser una situación que no es apropiada y le ordené al abogado que desactivara todos los casos”, explicó el doctor.
Por su parte, el portavoz alterno de mayoría, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, indagó en el acuerdo verbal entre el nominado y el abogado que lo defendió.
“Le notificamos sobre las barreras que existían en los negocios y lugares entonces se le decía al abogado para que procediera”, notificó. A su vez, el senador preguntó si el licenciado Vélez le informaba lo que acontecía en el caso. “En algunos casos me enviaba información de las barreras, en algunos casos se ordenaba una inspección por un perito y ese perito enviaba un informe al cliente y esos acuerdos de los resultados del informe pericial, pues entonces se atendían”, sentenció.
Ponencias en contra del nominado
El nominado ha generado preocupación por su presunta relación con el abogado Vélez Colón señalado por presentar supuestas demandas frívolas contra agencias y negocios por violaciones a la Ley ADA. En total, fueron 27 demandas originadas por el nominado a diferentes comercios.
Participó de la audiencia, el licenciado José Valenzuela Alvarado, quien expresó que “esto se ha convertido en un negocio altamente lucrativo, draconiano en contra de los propios comerciantes, quienes muchos de ellos no reciben ni siquiera una guía o comunicación que sea extrajudicial para poder llegar a unos acuerdos en términos de cumplimiento, sino que únicas y exclusivamente se les solicitan honorarios de abogados a cambio de no ser demandados”.
A la vez, manifestó que “esta práctica no tan solo es antiética, sino que es ilegal y constituye una extorsión directa a los comerciantes que están ahora mismo tratando de sobrevivir y que son los únicos que están moviendo la economía en nuestro querido Puerto Rico”.
Igualmente, dijo presente el comerciante Natanael Lantigua, propietario del negocio Bebo’s BBQ en Carolina. Valenzuela representa en el ámbito legal a Lantigua. El comerciante indicó que fue demandado en el año 2016. “Nunca vimos ningún impedido demandante y tampoco al abogado, simplemente nos emplazaron”, añadió.
Lantigua sostuvo que la demanda tenía subterfugios.
“A fin de cuentas contacté al licenciado Valenzuela, le dimos frente, nosotros no cedimos al chantaje. Aparte de los baños que teníamos, se contrató a un ingeniero e hicimos un baño adicional. Un ingeniero lo certificó”.
En la misma línea, se expresó Lucy Villanueva Díaz, propietaria de una farmacia en el centro comercial de Laguna Garden en Carolina. La deponente indicó que recibió una notificación del tribunal sobre alegadas deficiencias en contra de impedimentos en el local.
“Seguramente que todos los comercios vamos a tener que cerrar porque no hay manera de que nosotros con una persona que va a representarnos, va a representar a las personas con impedimentos y yo soy una de ellas, yo tengo mi impedimento también. Donde verdaderamente nos va a representar sin una comunicación, para mí realmente, yo le puedo decir en esta tarde, que yo no estoy de acuerdo”, señaló Villanueva.
Finalmente, otra de las alegaciones figura cuando la Oficina de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, bajo la jefatura de Figueroa Betancourt, otorga un contrato con la Corporación Neovisión LLC creada el 22 de julio, firmada por la socia del abogado Vélez Colón, la licenciada Sandra Velandia. A su vez, el designado solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental una certificación para ver si incurría en un señalamiento contratar al licenciado Vélez Colón.
El proceso de evaluación continúa; durante los trabajos, el presidente adelantó que se realizarán evaluaciones a toda la documentación para determinar la posibilidad de futuras vistas públicas por este nombramiento, que fue uno realizado por la gobernadora Jenniffer González Colón, en receso de sesión legislativa.