El doctor David Figueroa Betancourt, designado a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, envió un memorando al Senado de Puerto Rico donde se defiende de varias alegaciones que se han realizado en su contra, como parte de su proceso de confirmación.
Figueroa Betancourt envió un extenso documento donde aclara su participación en reclamaciones realizadas bajo la Ley federal Americans With Disabilities Act (ADA) y su relación con el abogado José Carlos Vélez Colón.
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Sobre la relación con este último aseguró que lo representó en carácter personal, que no tiene casos activos con este y que “no existe contrato alguno con el licenciado Vélez Colón, ni a nivel personal, ni a través de la defensoría”.
Igualmente, sobre los casos que ha presentado aseguró que “se han enfocado exclusivamente en la eliminación de barreras arquitectónicas -como rampas, accesos y baños-, siempre con un enfoque colectivo y en beneficio de la comunidad de personas con impedimentos”.
Del mismo modo, aseguró que nunca ha “recibido compensación económica” por las reclamaciones. Al mismo tiempo que dijo que ha “tenido que incurrir en gastos personas significativos para realizarlas, dado que mi condición requiere asistencia para transportación, alimentación y acompañamiento en cada proceso”.
“Estos esfuerzos han buscado siempre mejorar la calidad de vida de miles de personas con impedimentos en Puerto Rico. La verdadera gratificación ha sido constatar que rampas, estacionamientos y accesos han sido corregidos, beneficiando a toda la comunidad”, expresó en el memorando.
A finales del mes de agosto la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, denunció que el designado enfrenta presuntos conflictos de interés relacionados con su historial de litigios bajo la ley federal Americans With Disabilities Act (ADA).
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En ese momento, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, junto a la senadora por el distrito de Ponce, Marially González Huertas, señalaron que Figueroa Betancourt ha participado como demandante en múltiples casos que alegan incumplimientos con la ley ADA, lo que incluye acciones contra pequeños comerciantes, restaurantes, negocios privados, así como contra agencias y municipios. Entre las entidades demandadas figuran el Municipio de Santa Isabel, la Autoridad de Edificios Públicos, la Junta de Planificación y hasta la propia Defensoría de las Personas con Impedimentos.
Los legisladores también hicieron referencia a informes publicados por la periodista Sandra Rodríguez Cotto, donde se vincula a Figueroa Betancourt con el abogado José Carlos Vélez Colón, con oficina en Carolina del Norte, quien ha representado a demandantes en decenas de casos similares.