Tres exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que fueron despedidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandaron en el tribunal federal alegando que sus destituciones fueron ilegales al no mediar causa justificada, como exige la Ley PROMESA.
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Sin embargo, expertos legales en Puerto Rico ven cuesta arriba que logren prevalecer en este pleito.
El licenciado Rolando Emmanuelli planteó que, aunque la ley indica que solo se puede remover a los integrantes de la Junta “por causa”, el lenguaje de PROMESA es ambiguo y deja espacio a interpretaciones.
Explicó que “es bien importante el momento político que estamos viviendo porque el estado de derecho y la constitución de Estados Unidos están entre dichos en términos de todos los retos que el presidente Trump le ha puesto y que muchos de ellos el Tribunal Supremo le ha dado paso. El tema de si ellos tienen razón o no razón, hay que verlo en el contexto de que el presidente es el que nombra a esas personas y el que los puede despedir. Eso está estipulado en la ley específicamente”, dijo.
El abogado añadió que el concepto de “causa” no está definido en PROMESA y que, aunque los correos electrónicos de destitución no detallaron razones, posteriormente se articularon señalamientos como ineficiencia o mal manejo de fondos, lo que podría considerarse justificación.
“Por el silencio de la propia ley, y por las circunstancias políticas actuales, pues me parece que es cuesta arriba para que los miembros de la Junta prevalezcan en ese caso”, continuó.
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Por su parte, la licenciada Zoe Negrón coincidió en que la literalidad de la ley apoya a los exmiembros, pero advirtió que el clima político en Estados Unidos y la postura de los tribunales federales complican sus posibilidades.
“Desde el punto de vista de lo que dice PROMESA, definitivamente sí dice que para destituir a los miembros de la Junta tiene que ser por causa. Así que en términos textuales el argumento es correcto. El argumento constitucional que ellos levantan, de que merecían notificación y la oportunidad de ser escuchados, ahí pudiera haber una interpretación de si procede o no procede ese argumento”, detalló Negrón.
La abogada resaltó que la controversia podría enfrentar obstáculos procesales antes de atenderse en los méritos.
“Mi preocupación sería, por el contexto y la coyuntura histórica en la que estamos del presidente de Estados Unidos con los tribunales, si la jueza va a tener la voluntad de ver el caso en sus méritos o si va a intentar tal vez de salir de él a través de algún asunto jurisdiccional, como diciendo que esto tal vez es una cuestión política, que no es una cuestión justiciable”, advirtió.
Negrón también mencionó que, aunque los demandantes alegan que se violó la autoridad del Congreso sobre territorios, el debate se vincula con el caso Aurelius resuelto en 2020, donde el Tribunal Supremo determinó que los miembros de la JSF son funcionarios territoriales, no federales.
En ese sentido, explicó que si el tribunal valida la postura de Trump, podría extender la facultad presidencial a otros funcionarios en territorios o incluso al Distrito de Columbia.
En total, seis miembros de la Junta han sido despedidos por la administración Trump. El republicano John E. Nixon es el único miembro activo en la actualidad.