Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que los bombardeos ordenados por Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente vinculadas con narcotraficantes en aguas internacionales frente a Venezuela constituyen ejecuciones extrajudiciales y advirtió que la estrategia de Washington podría derivar en nuevas violaciones de los Derechos Humanos.
La directora de HRW en Washington, Sarah Yager, recalcó que los funcionarios estadounidenses “no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas” y subrayó que el problema del narcotráfico no constituye un conflicto armado, por lo que la Casa Blanca no puede evadir sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 2 de septiembre un ataque en aguas internacionales contra una pequeña embarcación que habría partido de Venezuela y aseguró que 11 personas, supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, murieron en la operación. Días después difundió imágenes aéreas de la explosión, con las que HRW confirmó la presencia de al menos seis personas a bordo, aunque la ubicación y la fecha del ataque no han sido verificadas.
El 15 de septiembre, Trump informó de un segundo bombardeo contra otra embarcación procedente de Venezuela y afirmó que tres personas fallecieron. Según HRW, las imágenes del ataque muestran únicamente a dos tripulantes antes de la explosión, sin que se haya confirmado el lugar ni el momento del operativo.
En su red social Truth Social, Trump advirtió que podrían producirse nuevas acciones militares: “Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos”.
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HRW sostuvo que el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Washington, que protege el derecho a la vida. Recordó además que las autoridades deben emplear la fuerza letal solo cuando sea inevitable para repeler una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
La organización recalcó que las autoridades estadounidenses no intentaron detener a los sospechosos y que la propia descripción de los hechos por parte de Washington demuestra que se trató de ejecuciones extrajudiciales. También acusó a la Administración Trump de debilitar los mecanismos de supervisión militar, lo que ha reducido las garantías de cumplimiento de las normas internacionales.
Yager pidió que el Ejército estadounidense detenga de inmediato los bombardeos y cumpla con el Derecho Internacional, y exigió al Congreso abrir una investigación transparente sobre la cadena de mando y los fundamentos legales detrás de los ataques.