La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional que preside la senadora Wandy Soto Tolentino, llevó a cabo una segunda vista pública en seguimiento a la Resolución del Senado 75, de su autoría, para conocer la efectividad de los protocolos bancarios y de instituciones financieras existentes para prevenir la explotación económica de los adultos mayores.
“En Puerto Rico el delito de explotación financiera en los adultos mayores continúa en aumento, así se demostró con estadísticas en la primera vista pública que realizamos. Esto representa una grave falla que requiere atención inmediata. Esta investigación legislativa examinará de forma rigurosa los protocolos de detección, prevención y respuesta actualmente implementados por las instituciones financieras y las agencias gubernamentales. Evaluaremos si las agencias están cumpliendo con su deber ministerial de proteger a una población altamente vulnerable y si hay algún fallo que se deba corregir. Como senadora no dudaremos en proponer legislación o reformas estructurales si identificamos deficiencias. La seguridad económica de nuestros adultos mayores no puede continuar siendo afectada por personas inescrupulosas y delincuentes que se aprovechan de los ahorros que bien pudieron realizar en sus años productivos esta población”, expresó Soto Tolentino.
PUBLICIDAD
Participó de la audiencia Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia (DF) quien apoyó la investigación y detalló la responsabilidad de su agencia. “El DF es la agencia con mayores responsabilidades cuando se trata de la protección de nuestros adultos mayores y adultos con impedimentos. Desde la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos, adscrita a la Administración de Familias y Niños (ADFAN), no solo se investigan los referidos de maltrato o negligencia por parte de familiares, custodios o tutores, sino que, además, investigamos las denuncias que se reciben”.
También, la deponente abundó que el DF cuenta con el Protocolo Interagencial para la Detección, Atención, Coordinación e Investigación de Referidos de Alegada Explotación Financiera Contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos. Este protocolo está fundamentado en la Ley Núm. 121. Roig explicó que en el caso del DF “en lo posible, damos deferencia al espacio emocional del adulto mayor para que tome sus decisiones. Si un adulto mayor no está legalmente declarado incapaz tenemos que considerar su opinión sobre cómo se debe proceder contra la o las personas que incurren en tal conducta”.
Soto Tolentino preguntó si han identificado alguna barrera de colaboración con algunos de los departamentos o alguna recomendación. Roig dijo que su experiencia “ha sido de total apoyo, un trabajo en equipo… Hemos tomado acciones proactivas para atender los casos en confidencialidad como nos solicitaron…. Estoy confiada que así va a continuar”. También, la senadora preguntó cuáles son los protocolos activos. “Nosotros estamos en este momento fortaleciendo la educación, la capacitación de nuestros trabajadores sociales y del personal del departamento. Yo apuesto siempre a la educación… De la misma manera el tema de sensibilidad para atender los casos”.
Por su parte, la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, preguntó cuántas veces ha tenido que activar el protocolo interagencial y el número de casos referidos. Roig respondió que el protocolo fue firmado en enero de este año. “La estadística a junio del 2025 correspondiente al año fiscal es de 911 referidos por explotación financiera. Esto es un número que va en incremento en comparación con años anteriores por los últimos 15 años”.
En la misma línea, la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez, preguntó qué se puede mejorar para ser más proactivo. “Siempre hay areas para mejorar, yo creo que el incremento sostenido de querellas también responde a la atención y la promoción que se le ha dado a este tipo de incidentes. Si partimos del 2010, que es la base estadística y donde se recibieron ocho referidos, también podemos ver que a partir de esas fechas empieza a haber un entendimiento a nivel legislativo, para generar leyes, para promover campañas de publicidad, un compromiso por parte de la banca, un compromiso por parte de las autoridades pertinentes”, dijo Roig.
PUBLICIDAD
También, comparecieron la licenciada Wildaly Figueroa y la fiscal Brenda Rosado en representación del Departamento de Justicia (DJ). “Reiteramos que la investigación ordenada por la R. del S. 75 representa una acción legislativa afirmativa por parte de la Asamblea Legislativa en protección del bienestar de nuestros adultos mayores”.
Asimismo, Figueroa detalló los esfuerzos para prevenir o atender la explotación financiera de adultos mayores. “El DJ atiende los casos de explotación financiera de adultos mayores mediante un marco legal robusto que tipifica estas conductas en el Código Penal, al amparo de los Artículos 127-CS y 127-D. Además, garantiza protección bajo la Carta de Derechos, y establece mecanismos interagenciales de prevención e investigación conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 76-2020”, dijo la deponente.
Además, indicó que “para que el Ministerio Público pueda probar un caso de explotación financiera de persona de edad avanzada o incapacitada, debe establecerse como elemento esencial que la persona imputada se apropió de $2,500 o más. Nótese que, este artículo establece que cuando la cantidad involucrada en la explotación financiera sea hasta $2,500 se tipifica como un delito menos grave. En el caso de que la cantidad apropiada sea mayor de $2,501 se clasifica como delito grave”. A esos efectos, Figueroa presentó enmiendas para que la cantidad sea de $500 en delito menos grave y $501.00 incurrirá en delito grave. Igualmente, solicitaron sean incluidas las personas con impedimentos.
También, Figueroa detalló que “en nuestra agencia recibimos consultas todos los días sobre explotación financiera en tres vías: en las fiscalías ubicadas en las 13 jurisdicciones, en la División de Delitos Económicos, y en la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (“MFCU”, por sus siglas en inglés). Actualmente, la División de Delitos Económicos atiende casos de explotación financiera cuando la cuantía es mayor de $50 mil el FBI atiende casos cuando la cuantía es mayor de $200 mil y cuando se alega que la explotación financiera ocurre en un hogar de cuidado prolongado, el caso es manejado por la MFCU”.
A preguntas de Soto Tolentino sobre los referidos Rosado mencionó que desde el 2018, pueden recibir el referido directamente de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. “De 2019 a 2025, se solicitaron 21 referidos. De esos, 13 estaban relacionados con explotación financiera, específicamente en personas que se encuentran en lugares de cuidado prolongado, ya que esa es nuestra jurisdicción. Esos son los casos que tenemos, y de inmediato se radica una querella en la Oficina y se presentan cargos”.
A la vez, asistió a deponer el licenciado José Carrasquillo, en representación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). “En respaldo a la R. del S. 75, la OCIF continuará supervisando activamente a las entidades bajo su jurisdicción, asegurando que los protocolos de prevención y detección se apliquen con rigor y eficiencia”, dijo Carrasquillo.
Carrasquillo explicó que reconociendo la importancia de una supervisión constante y dinámica, desde el año 2010 la OCIF ha asumido un papel proactivo en la implantación y fiscalización de estos reglamentos, concentrando sus esfuerzos en varios aspectos claves que fortalecen la prevención y detección de la explotación financiera, como son los siguientes: desarrollo y supervisión de protocolos institucionales; capacitación del personal: educación al cliente: colaboración interagencial; y monitoreo y cumplimiento.
De otra parte, el deponente abundó que persisten retos que, en su mayoría, están fuera del alcance de la OCIF y que limitan la efectividad plena del marco regulatorio. Entre los más relevantes se destacan la interpretaciones de la Policía de Puerto Rico sobre el rol de las instituciones financieras de ser querellante; limitaciones de recursos en las agencias receptoras de los referidos; confidencialidad; déficits en la comunicación interagencial:y necesidad de mayori educación pública.
Asimismo, emitieron sus comentarios durante la audiencia, la licenciada Omara Arias en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el teniente José Sánchez de la Policía de Puerto Rico (PPR). Arias dijo que apoyan la investigación que promueve la resolución. “Apoyamos toda resolución, que, como ésta, propenda a la seguridad pública, sobre todo, aquellas dirigidas a proteger los sectores vulnerables de nuestra Isla, como en esta ocasión, los adultos mayores”.