El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) apoyaron este martes en una vista pública un proyecto de ley que busca establecer un marco legal que proteja a los conductores y propietarios autorizados de ser penalizados por multas o infracciones que ocurrieron antes de que ellos fueran titulares registrales del vehículo.
Lee también | Senado aprueba proyecto que requiere agencias recluten personas con impedimentos
PUBLICIDAD
Se trata del Proyecto del Senado 694― el cual fue evaluado en la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico― presidida por el senador, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.
El presidente de la comisión senatorial sostuvo lo siguiente: “Ambas agencias comparecieron a favor de la medida legislativa que es de la autoría del senador Héctor ´Gaby´ González, y aseguraron que la misma evita la injusticia sistemática y que además reducirá el volumen de litigios contra el Estado. Igualmente, afirmaron que el proyecto fomenta la transparencia en el mercado de vehículos usados. En la Comisión vamos a estar evaluando las posiciones de ambas agencias y estaremos rindiendo un informe próximamente”.
Por su parte, el autor de la medida indicó que “la realidad en los CESCO hoy día es que muchos propietarios de vehículos con titularidad se encuentran con una gran cantidad de multas que le pertenecen al titular anterior. Esto ha creado un problema en el cual el propietario entra en una especie de limbo en el sistema donde no puede realizar transacciones con su propiedad”.
González añadió que “esta medida busca resolver de forma directa este asunto adjudicando las multas al titular del momento en que se emitieron y permitiendo al nuevo titular del vehículo hacer cualquier tipo de transacción sin obstáculos ni elementos sorpresas que atender”.
En su presentación, el DTOP expresó que favorecen la medida porque refleja fielmente la forma en que la Ley de Tránsito le ofrece una protección a los nuevos compradores de autos usados en Puerto Rico.
PUBLICIDAD
“Consideramos que este proyecto agiliza los procesos de traspaso, protege los intereses de las instituciones financieras y brinda seguridad jurídica al consumidor”, puntualizaron los funcionarios de la agencia.
Asimismo, la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, indicó que, para quien adquiere un vehículo usado, la medida reduce la exposición a deudas fantasmas de peajes y multas ajenas, y evita bloqueos que impiden renovar el marbete o formalizar el traspaso.
La titular del DACO además informó que otras jurisdicciones han adoptado mecanismos formales de revisión y reubicación.
“Estas experiencias demuestran que la medida propuesta en Puerto Rico, mediante el Proyecto del Senado 694, se encuentra alineada con prácticas reconocidas en otras jurisdicciones norteamericanas, donde se asegura que la aplicación de sanciones coincida con la titularidad efectiva, evitando cargar indebidamente a consumidores que adquieren un vehículo de buena fe”, declaró Rodríguez Erazo.