La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) respondió hoy a denuncias de grupos ambientales que acusan a la organización de promover cambios para debilitar la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).
El presidente de la ACPR, Agustín Rojo Montilla, aseguró que algunos comentarios difundidos en foros de opinión han sido “sacados de contexto” y aclaró que el gremio no ha sostenido conversaciones con la Legislatura sobre posibles enmiendas a la Ley 8-2013, que protege el CEN.
“El desarrollo planificado que defendemos busca siempre la armonía entre la obra y la naturaleza. Las sociedades más avanzadas del mundo han demostrado que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden ir de la mano, y aspiramos a replicar ese balance en Puerto Rico”, indicó Rojo Montilla en declaraciones escritas.
Las expresiones de la ACPR surgen luego de que la directora del Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, denunciara que la propuesta del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, de revisar la Ley 8-2013 representaría un intento de “desmantelar” la protección ambiental del corredor.
Según Rojo Montilla, las declaraciones de Méndez en la convención de la ACPR deben entenderse como “una invitación a revisar la manera restrictiva en que se han aplicado ciertas leyes, al punto de limitar reparaciones en estructuras existentes previas a la creación del Corredor”.
El líder de los constructores insistió en que la discusión pública debe darse con base en evidencia y sin “narrativas emocionales o ideológicas”. Subrayó que las políticas restrictivas en el sector de la construcción han generado altos costos de vivienda, deficiencias de planificación y estructuras abandonadas.
“Muchas veces se asumen posturas extremas que, en nombre de la protección ambiental, frenan el desarrollo responsable sin mejorar necesariamente nuestro entorno. Lo que planteamos es que cada proyecto se evalúe en sus méritos”, añadió.
Reacción
Ante las expresiones del presidente del organismo gremial, la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) reaccionó, al calificar como sin fundamento y engañosa la alegación sobre la “manera restrictiva en que se ha implementado” la Ley de la Reserva Natural del CEN (RNCEN) tras supuestamente impedir reparaciones a estructuras existentes en esta área natural protegida.
“En la RNCEN no existen residencias ni otras estructuras en uso con la excepción de aquellas que dan apoyo a la casa de playa del Gobernador de turno. Por lo que es vergonzoso que el líder de una de las organizaciones que representa un sector importante de nuestra economía no haya hecho el mínimo esfuerzo de informarse previo a dar su opinión, haciendo un mal servicio a la discusión pública y quienes confían en él”, señaló Nilda García, presidenta de la Coalición Pro CEN, organización comunitaria que ha liderado la protección de esta reserva natural junto a su desarrollo sostenible por más de 20 años.
Esta añadió que “las expresiones del Sr. Rojo son irresponsables y contrarias a su supuesto llamado de defender un desarrollo planificado, y de “mantener la discusión sobre planificación y protección ambiental en un marco constructivo, basado en datos y evidencia”. Prefirió ignorar el hecho sobre la existencia del Plan Sectorial de la RNCEN, el cual contiene un plan de usos de terrenos identificando aquellas áreas específicas en el Corredor designadas para la conservación y el desarrollo de actividades ecoturísticas y de turismo de naturaleza”.
La líder comunitaria de Luquillo hizo referencia a los Planes Sectoriales y Reglamentos para la RNCEN y Áreas Adyacentes, documentos adoptados por la Junta de Planificación (JP) en el año 2015. Señaló que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene un plan de manejo para la RNCEN dirigido a la restauración de los ecosistemas y guiar la recuperación de las especies, incorporado también como parte de los planes sectoriales. .
Llamado a un diálogo balanceado
En su comunicado de prensa, la ACPR recalcó que el desarrollo planificado puede ser un aliado de la conservación, al contrarrestar la construcción informal que surge cuando se limita la producción formal.
“El desarrollo planificado no está reñido con la protección ambiental; al contrario, constituye una alternativa mucho más amigable para el ambiente que la construcción informal. Nuestro compromiso es con un Puerto Rico que logre atender sus necesidades de vivienda e infraestructura de manera sostenible y responsable”, concluyó Rojo Montilla.