La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que la transición energética de Puerto Rico podría convertirse en un golpe severo a las finanzas públicas, ya que el gobierno se vería obligado a destinar hasta $1,800 millones en apoyos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre 2025 y 2026.
En su informe trimestral más reciente, la JSF detalló que el erario ya ha tenido que cubrir gastos de la corporación pública en quiebra, incluyendo un préstamo de $300 millones para pagar las pensiones de jubilados de la AEE, ante la incapacidad del fondo de retiro para cumplir con sus obligaciones.
PUBLICIDAD
El documento advierte que, mientras no se apruebe un plan de ajuste definitivo, el gobierno central seguirá obligado a canalizar recursos del Fondo General para sostener la operación administrativa y los compromisos de la AEE. El proceso de reestructuración de la deuda está paralizado en la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain, ya que actualmente la JSF opera con su componente ejecutivo y solo hay uno de los siete miembros luego de que el presidente Donald Trump despidió a seis integrantes del ente fiscal.
“El apoyo financiero a la AEE representa un riesgo fiscal sustancial que podría desbalancear el presupuesto y limitar la capacidad del gobierno de atender otras prioridades”, puntualizó la Junta.
El análisis también señala que, además de los costos inmediatos, se vislumbra la necesidad de inyectar fondos adicionales para cubrir préstamos transitorios, reclamaciones administrativas y apoyo a la transformación energética, lo que elevaría la presión sobre las finanzas públicas.
La advertencia se suma a la controversia en torno a la independencia del Negociado de Energía (PREB). La JSF sostiene que iniciativas como la ley 10-2024, que limita la regulación del programa de medición neta, ponen en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, ya que podrían socavar la autoridad del regulador en favor de intereses políticos.
La combinación de déficit estructural en la AEE, dependencia de subsidios del gobierno central y tensiones regulatorias refuerza la preocupación de la JSF de que la transformación energética —vista como clave para la competitividad económica— podría convertirse en otra fuente de inestabilidad fiscal.