A petición del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencia (SAME), el representante popular, Ramón Torres, radicó un proyecto de ley para establecer la “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”.
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La medida propone separar y darle independencia fiscal, administrativa y operacional a la agencia principal responsable de atender emergencias y desastres naturales provocados en la Isla.
También busca eliminar lo que catalogan como “problemas que ha enfrentado el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP)”, tales como: “burocracia, lentitud en la aprobación de contratos de servicios esenciales y dificultad en el reclutamiento de personal”.
“Este esfuerzo legislativo responde directamente al reclamo de los servidores públicos, personal de primera respuesta y ciudadanos que exigen un sistema más ágil, eficiente y transparente para atender emergencias. La seguridad y protección de nuestro pueblo no puede estar sujeta a trabas administrativas que ponen en riesgo vidas y propiedades”, destacó Torres en declaraciones escritas.
La pieza legislativa tiene como objetivo principal garantizar que los fondos federales y estatales recibidos sean utilizados conforme a las regulaciones vigentes; establecer estructuras más eficientes para la prestación de servicios; y salvaguardar la vida, la salud y la propiedad de los puertorriqueños.
El proyecto deroga disposiciones de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, y restituye a la agencia de Manejo de Emergencias la autonomía que tuvo bajo la Ley 211-1999.
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“Puerto Rico necesita una agencia de emergencias independiente, con los recursos y la capacidad de responder sin retrasos ni burocracia, especialmente, en un contexto donde la experiencia de huracanes, terremotos y la pandemia han demostrado las debilidades del sistema actual. Con esta medida, atendemos un reclamo urgente y necesario”, añadió.
Por otra parte, la líder sindical de SAME, Liz Colón Alicea, expresó que es necesario la aprobación de esta medida puesto que, dicho Negociado, alegadamente “se encuentra sumergido en una crisis operacional y administrativa”.
“Los procesos administrativos en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres no están siendo atendidos con la urgencia, efectividad y diligencia que se requiere. En términos generales, podemos mencionar dos áreas relevantes dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y su administración con Recursos Humanos y Finanzas, dos instancias que se han afectado en el Negociado”, puntualizó Colón Alicea.
La presidenta del sindicato afirmó que el área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales es un área que tiene la misión de fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, compromiso, responsabilidad, excelencia, igualdad, la mejora continua y la uniformidad de los procesos.
“Esto no sucede en el área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del DSP, dado que, no existe igualdad ni uniformidad en los procesos para todos los respondedores de los Negociados. A pesar de que los empleados de NMEAD son empleados de primera respuesta, no se les da prioridad en los incentivos, aumentos de sueldo, cambio de estatus de puestos y pago de horas extra por emergencias”, sentenció.
Como ejemplo, mencionó los recientes aumentos otorgados a paramédicos, bomberos y policías— todos bajo la misma sombrilla del DSP. Enfatizó que se debe legislar por todos los componentes que conforman la primera línea de respuesta.
“Son beneficios que reconocemos como bien merecidos por su ardua e invaluable labor. Sin embargo, resulta inaceptable que, en ese mismo proceso, los manejadores de emergencias hayan sido completamente excluidos, a pesar de cumplir funciones igualmente críticas en la primera línea de respuesta”, concluyó Colón Alicea.