Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) efectuaron el miércoles el arresto de Julio Figueroa-Álvarez, de 32 años y residente de Toa Baja, por delitos de trata sexual de menores y coerción para inducir a un menor a participar en actos sexuales.
Lee también | Federales realizan operativo antidrogas: “Wheeleadores” de Bayamón entre los arrestados
PUBLICIDAD
De acuerdo con documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Figueroa-Álvarez presuntamente reclutó, transportó y mantuvo a una menor de 13 años para que participara en actos sexuales de carácter comercial.
También, se le imputa haber utilizado un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea por internet y redes sociales para persuadir, y coaccionar a la adolescente a prostituirse.
El acusado ya es un delincuente sexual registrado. En 2014 fue arrestado por explotación sexual de menores y, en 2016, sentenciado a 10 años de prisión.
W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, expresó lo siguiente mediante declaraciones escritas: “Los depredadores que atacan y coaccionan a las personas vulnerables en nuestra jurisdicción se enfrentarán a sanciones severas y adecuadas en virtud de la legislación federal”.
“Mantenemos nuestro firme compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que los responsables de estos delitos atroces se enfrenten a todo el peso de la ley”, agregó.
PUBLICIDAD
Por su parte, Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, subrayó: “Instamos a la comunidad a tomar medidas antes de que intervengan las fuerzas del orden. Proteger a nuestros niños requiere vigilancia y cooperación... El tráfico sexual es real, ocurre con demasiada frecuencia en nuestra Isla”.
Si es hallado culpable, Figueroa-Álvarez enfrenta una pena mínima de 15 años y hasta cadena perpetua por trata sexual de menores, y un mínimo de 10 años y hasta cadena perpetua por coerción y seducción de un menor.
Tras cumplir cárcel, deberá permanecer bajo supervisión por al menos cinco años y hasta de por vida. La sentencia final será determinada por un juez federal tomando en cuenta las guías de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
La investigación está a cargo de HSI San Juan, en colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).
Este caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir la explotación y el abuso sexual infantil. Para más información visite justice.gov/psc.
Para reportar actividades sospechosas de esta índole puede llamar al 787-729-6969 o enviar un correo a IntelHSISanJuan@hsi.dhs.gov.