La alianza de vecinos y usuarios en defensa del Balneario del Escambrón, el Parque Sixto Escobar, el Parque del Tercer Milenio y las playas La 8, La 9 y La 10, Escambrón Unido, presentaron un certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para detener el proyecto residencial comercial que pretende construirse en la zona.
La petición, radicada con el respaldo de otros nueve interventores y el apoyo de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, solicitó la revisión de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que desestimó el recurso de revisión administrativa previamente interpuesto.
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Los vecinos, quienes llevan más de tres años en la defensa del lugar, sostienen que la determinación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al aprobar la consulta de ubicación sin una Declaración de Impacto Ambiental y sin celebrar vistas públicas, es contraria a derecho y fue emitida en violación de las leyes y reglamentos aplicables.Según el recurso, el proyecto, aunque se presenta como una restauración del histórico Hotel Normandie, en realidad representa una intervención sustancial en un área costera de alto valor ecológico, histórico y cultural.
“Este plan incluye la construcción de nuevas estructuras en la en la zona de servidumbre marítimo terrestre, la reubicación de infraestructura esencial como el sistema de bombeo de aguas usadas del Viejo San Juan, un estacionamiento dentro del Parque Sixto Escobar y la alteración de la estructura del hotel. No se trata de evitar la restauración de este espacio histórico, sino de asegurar que se protejan los valores que lo distinguen y que pertenecen a todo Puerto Rico”, señaló Sonia Fritz, portavoz de Escambrón Unido.
En el escrito sometido al Supremo, la comunidad plantea que la actuación de la OGPe afecta de forma adversa intereses públicos, ambientales, recreativos, espirituales y estéticos que están protegidos por la Constitución de Puerto Rico.
“Estos intereses son más que válidos y suficientes para demostrar nuestra legitimidad en este proceso. Nadie tiene un interés más genuino que quienes día a día disfrutan, utilizan y defienden este espacio natural”, señaló Lilia Tirado, portavoz de Escambrón Unido.
Escambrón Unido también subrayó que el caso brinda al Tribunal Supremo la oportunidad de aclarar la interpretación de las normas de legitimación activa en los procesos relacionados con el ordenamiento territorial, un asunto vital para garantizar que la ciudadanía tenga voz real en las decisiones sobre el desarrollo y uso de terrenos de alto valor ecológico.
“En una democracia, la participación ciudadana no puede ser vista como un mero trámite en un listado de cotejo ni como un gesto simbólico. Es la base de la legitimidad y la justicia en las decisiones públicas. Por eso confiamos en que el Tribunal Supremo atenderá nuestra petición y hará valer el derecho del pueblo a defender el espacio público y sus recursos naturales”, afirmó Gradissa Fernández, portavoz de Escambrón Unido.