La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al Gobierno de Puerto Rico que aprobó el reglamento propuesto para administrar y distribuir los activos del Fideicomiso de Retiro de la Policía, creado bajo la Ley 40-2020.
En una carta enviada el 9 de septiembre, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, indicó que la medida cumple con el Plan Fiscal certificado y queda oficialmente designada como “aprobada”.
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El documento aclara que la revisión de la JSF se limitó a su compatibilidad con el Plan Fiscal y no constituye una evaluación legal sobre otras disposiciones de ley, incluyendo normas laborales locales o federales. Además, la misiva subraya que cualquier cambio sustancial al reglamento deberá volver a someterse a la Junta para nueva revisión. El ente fiscal también se reservó el derecho de revisar, modificar o incluso revertir su aval si detecta información incorrecta o inconsistencias en los documentos provistos por la Junta de Retiro, advirtiendo incluso que podría referir hallazgos a “autoridades pertinentes”.
En paralelo, la JSF también envió el 9 de septiembre una carta al director de la Comisión de Juegos, Juan Santaella Marchán, para exigir un informe sobre la implementación de la Ley 112-2024, que legaliza y regula las máquinas de juegos en carretera y destina sus recaudos al Fideicomiso de Retiro de la Policía. El ente fiscal recordó que tanto la Comisión como la Junta de Retiro están obligadas a emitir reglamentos para hacer efectiva la medida y que deberá recibir, a más tardar el 20 de septiembre, datos sobre el número de máquinas registradas, las multas impuestas y los ingresos generados en comparación con las proyecciones iniciales
Ambas misivas se emiten en un contexto en que el retiro de los policías se ha convertido en tema de alta tensión política. En junio, el Senado exigió la implementación urgente de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, destinada a nutrir el fideicomiso mediante licencias y fiscalización de máquinas en la isla. Legisladores y organizaciones de policías denunciaron retrasos en la aplicación de la normativa, lo que impacta directamente el financiamiento del retiro.
Más recientemente, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó una propuesta de la senadora Joanne Rodríguez Veve que buscaba destinar, por un año, los fondos del llamado “Barrilito” al fideicomiso, calificándola como una medida “politiquera” sin futuro legislativo.
Con la aprobación de la JSF, el reglamento queda habilitado para establecer el marco de administración y distribución de fondos del fideicomiso. No obstante, la sostenibilidad del retiro policial seguirá dependiendo de la creación de fuentes de ingresos recurrentes, un reto aún pendiente y que mantiene en vilo a los agentes retirados.